Hace ahora un año la Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo, de Malagón (Ciudad Real), convocaba a los medios de comunicación para incidir en la total transparencia de sus gestiones y dar explicaciones sobre la noticia que difundió la Agencia EFE referente a la investigación que la Fiscalía de Ciudad Real había iniciado por una posible contabilidad irregular y por la cual estaban siendo investigados el Presidente y el Gerente de la Entidad.
Ya en ese momento explicamos que la investigación se originó por la salvedad recogida en el informe de auditoría del ejercicio económico 2012-2013 y según la cual se detectó una diferencia entre el saldo de las libretas de ahorro de los socios que reflejaba la contabilidad y el que reflejaba el detalle de la Sección de Crédito, destacando que dicho informe de auditoría lo firmó el auditor “sin opinión”, no con una “opinión denegada o desfavorable”.
Es importante incidir que ya en 2011, la Dirección de la Cooperativa había adoptado decisiones para dotar a la Sección de Crédito de la estructura necesaria, ya que el importantísimo crecimiento que había tenido la sección en los últimos años había provocado que la estructura no fuese la óptima, tomando la decisión de incrementar el personal de la misma y realizando un cambio en el sistema informático que permitiese dar mejor respuesta a las necesidades de los socios. Y tras haber sido detectado el desajuste, personal de la cooperativa junto con el auditor externo iniciaron los trabajos para identificar y subsanar los errores.
Aquí es importante destacar que la investigación no surge de manera espontánea de la Fiscalía ni por problemas con la Agencia Tributaria o cualquier otro organismo. La investigación surge tras una denuncia puesta en Enero de 2016 por una Asociación constituida por 5 socios de la Cooperativa que, de manera absolutamente irresponsable se dirigieron a la Fiscalía, antes incluso de pedir explicaciones donde procedía hacerlo, que es en la Asamblea General de Socios. En dicha denuncia, acusaban a los gestores de la Cooperativa de una larga lista de delitos societarios.
Como consecuencia de esta investigación de la Fiscalía se iniciaron Diligencias Previas por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de Ciudad Real, no admitiendo a trámite las acusaciones por distintos delitos societarios, salvo el que estaba relacionado con esta diferencia en la Sección de Crédito, nombrando en ese momento a un perito judicial que debía determinar el origen de la misma. Responsables de la Cooperativa hemos colaborado puntualmente con todas las exigencias planteadas por este perito que finalmente en noviembre de 2017 emitió su informe.
Como consecuencia de todo ello, el pasado día 05 de Marzo hemos recibido Auto del Juzgado de Ciudad Real en el cual se describen las actuaciones llevadas a cabo por el perito judicial y haciendo suyo el informe del Ministerio Fiscal y del propio perito, donde concluye que la diferencia de 2.026.908 € se debía a errores contables de préstamos concedidos que se contabilizaron erróneamente.
Es importante destacar que en su informe, el perito judicial resalta con rotundidad que esta situación no ha afectado a la solvencia patrimonial de la sociedad, que ha venido realizando sus pagos y sus cobros sin que haya existido reclamación alguna por parte de los socios. Efectivamente, desde que se tuvo conocimiento del problema en la Sección de Crédito hasta el día de hoy no ha habido ni una sola reclamación por parte de los socios y no solo eso, sino que los saldos de la Sección de Crédito a cierre del último ejerció había crecido más de un 30% respecto a los que había en ese momento.
En definitiva, el Auto concluye textualmente que no ha quedado acreditado que por parte de los denunciados se hubiera producido de forma consciente y deliberada la alteración de las cuentas correspondientes al ejercicio 2012-2013, tal y como acusaban los denunciantes.
En consecuencia, se decreta por el Juez el sobreseimiento provisional de la causa, siendo provisional porque, evidentemente, la parte denunciante tiene la posibilidad de recurrir esta disposición del Juez.
Es decir, el perito judicial, el Ministerio Fiscal y finalmente el Juez, después de un año de trabajo en la Cooperativa y tras la elaboración de un minucioso informe, llegan a las mismas conclusiones que la Cooperativa explicó hace ahora un año a los medios de comunicación y en repetidas ocasiones a quien principalmente debe estar puntualmente informado sobre la gestión de la Cooperativa, que son sus socios.
Efectivamente se ha demostrado la total transparencia en las gestiones de la cooperativa centenaria, del Consejo Rector y de la Dirección, quienes han sentido durante todo el proceso “el apoyo incondicional de sus socios, además del de clientes, proveedores, entidades financieras y administraciones públicas; aprovechando una vez más para expresar a todos ellos nuestro agradecimiento”.
A pesar de lo cual es evidente que se ha producido un daño importante en la imagen de la Cooperativa en particular y del Grupo en general, y en el honor de las personas que injustamente se han visto involucradas en este proceso, motivo por el que tanto la Entidad como sus representantes están estudiando las medidas legales oportunas para exigir que se repare este daño.
