Gobierno regional remite a la UE su posición sobre reforma PAC

Según ha confirmado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo ha informado que este mismo lunes el Gobierno regional ha remitido al Comisario de Agricultura de la Unión Europea, el documento de posición regional sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que se está negociando en este momento “para que conozca nuestra forma de verla”.

En este sentido, ha indicado que siempre ha manifestado a la propia ministra de Agricultura que “era necesario adelantarse a la negociación y no esperar a un documento de posición porque otros Estados miembro se adelantan e influyen en los documentos que finalmente se aprueban”.

El documento de Castilla-La Mancha, que ha sido suscrito por Aragón recientemente a través del ‘Pacto de Almagro’, es el resultado de un año de trabajo con la participación de las organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones empresariales, sindicales, ecologistas, del medio rural, de la distribución y de los consumidores, un escrito que también se ha enviado al propio Ministerio de Agricultura.

De esta forma, Castilla-La Mancha quiere contribuir al debate a nivel nacional y europeo, adelantándose a las propuestas presupuestarias generales y a las de la PAC, que debe realizar en los próximos meses la Comisión Europea.

El documento de posición ante la reforma de la Política Agrícola Común de Castilla-La Mancha resalta la importancia de los profesionales de la agricultura, del relevo generacional y la visibilidad de la mujer, como ejes centrales de esta política, en línea con los planteamientos del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page en materia de agricultura.

Además, a través del mismo, Castilla-La Mancha solicita que se establezcan techos por explotación a los perceptores con más ayudas, pagos redistributivos para primar a los pequeños y medianos agricultores o la eliminación de las referencias históricas como forma de cálculo de las ayudas, para igualar los pagos por hectárea para los mismos cultivos, en toda España, evitando la discriminación de agricultores.

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