La Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias en Guadalajara ha ofrecido su colaboración a la Dirección Provincial de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural, en el estudio, la formación y la divulgación diversas cuestiones vinculadas con la profesión. Así se lo ha manifestado el delegado provincial, Gabriel Mesquida, al director provincial, Santos López, durante el encuentro que han mantenido recientemente en Guadalajara.
El encuentro se ha centrado en cuestiones como la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020, el Pacto Nacional del Agua (PANAGUA) y el uso del agua en regadíos, los nuevos cultivos y nuevos productos agroalimentarios, así como la Agricultura Urbana Sostenible y la Agricultura en Altura. Asimismo, durante la reunión también se trataron aspectos como la agricultura y la economía colaborativa y la innovación en agroalimentación.
Gabriel Mesquida, como representante de los agrónomos colegiados de la provincia, ofreció un mayor compromiso del Colegio para desarrollar estas cuestiones, haciendo especial hincapié en la asignación óptima de los recursos hídricos y la innovación agroalimentaria en general, incluyendo nuevos productos y garantizando un mejor bienestar animal, entre otras cuestiones.
Además del Director General y del Delegado del Colegio, a la reunión asistió el ingeniero agrónomo colegiado y funcionario de la Delegación Fernando Muñoz.
El Colegio
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias se constituyó oficialmente en 1953. Es una Corporación de derecho público que representa a cerca de 2.000 ingenieros agrónomos colegiados. Entre sus funciones se encuentran por ejemplo la de asesorar a organismos de las administraciones públicas, personas o entidades particulares y a los propios colegiados emitiendo informes, resolviendo consultas o actuando en arbitrajes técnicos y económicos a instancias de las partes, así como la de impulsar el desarrollo de las labores científicas, culturales y sociales relacionadas con la profesión y la de proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
