La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha advertido de que el incremento de los costes de producción puede llevar a numerosos agricultores a reducir las superficies de siembra durante la próxima campaña.
La organización sostiene que, si la falta de rentabilidad termina afectando a la producción nacional, sus consecuencias podrían trasladarse posteriormente al abastecimiento y a los precios de los alimentos.
Encarecimiento del combustible
La organización agraria señala especialmente el encarecimiento del combustible y del conjunto de los insumos. Según sus datos, el gasóleo agrícola se sitúa ya en el entorno de 1,60 euros por litro, al tiempo que fertilizantes, semillas, fitosanitarios, maquinaria y otros suministros necesarios para producir han registrado importantes incrementos.
Frente a esta evolución, la Unión sostiene que los precios percibidos por los agricultores no han aumentado en la misma proporción, lo que estrecha los márgenes de las explotaciones y obliga a los productores a revisar sus planes de cultivo antes de iniciar una nueva campaña.
En este contexto, la organización reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha que movilice recursos propios para complementar las ayudas aportadas por el Estado destinadas a hacer frente al incremento de los costes de producción.
Según las cifras aportadas por la Unión, más de 42.000 agricultores de Castilla-La Mancha han recibido 98,6 millones de euros para compensar el encarecimiento de los fertilizantes. A ello añade la ayuda extraordinaria de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola.
La organización considera que estas medidas deberían contar con un respaldo adicional de la Administración autonómica ante una situación que califica de extraordinaria. Su objetivo, argumenta, sería evitar que las decisiones de siembra de la próxima campaña estén condicionadas por unos costes que comprometan la rentabilidad de las explotaciones.
Un gasóleo agrícola profesional
Más allá de las ayudas coyunturales, la Unión de Agricultores y Ganaderos plantea una reforma estructural del coste energético de las explotaciones mediante la creación de un gasóleo agrícola profesional.
La propuesta pasa por establecer un mecanismo permanente que reduzca la carga fiscal del combustible empleado directamente en la actividad agraria. La organización defiende, además, que esa reducción debería aplicarse preferentemente en el momento del repostaje, evitando que el agricultor tenga que adelantar el importe y esperar posteriormente a su devolución.
La Unión argumenta que otras comunidades autónomas están adoptando medidas para hacer frente al incremento de los costes y considera que Castilla-La Mancha, por el peso de la agricultura en su economía y territorio, debería reforzar también el apoyo a sus productores.
La organización reclama asimismo una mayor transparencia en la formación de los precios de los carburantes. En concreto, pide conocer con mayor precisión qué parte del importe abonado por el agricultor responde al coste del producto y cuál corresponde a distribución, fiscalidad y márgenes.
Del campo al consumidor
La Unión vincula la pérdida de rentabilidad de las explotaciones con un problema que, a su juicio, trasciende al propio sector agrario. Su advertencia es que una reducción continuada de las superficies cultivadas supondría una menor producción nacional y, en consecuencia, una mayor necesidad de recurrir a las importaciones.
La organización introduce en este punto la cuestión de las condiciones de competencia con terceros países. Señala que los productores españoles deben cumplir exigencias medioambientales, sanitarias, laborales y productivas que no siempre son equivalentes a las aplicadas a determinados productos importados.
Por ello, reclama que las políticas comerciales tengan en cuenta las diferencias regulatorias y eviten situaciones en las que las producciones comunitarias deban competir con alimentos obtenidos bajo requisitos menos exigentes.
A juicio de la Unión, una mayor dependencia alimentaria del exterior incrementaría también la exposición a factores internacionales como conflictos bélicos, crisis energéticas, problemas logísticos, restricciones comerciales o malas cosechas en los países proveedores.
La organización considera que este escenario podría terminar repercutiendo sobre el consumidor, tanto por una mayor vulnerabilidad del abastecimiento como por una mayor exposición de los precios interiores a las oscilaciones de los mercados internacionales.
Por este motivo, insiste en que las medidas deben adoptarse antes del inicio de la próxima campaña y reclama que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha complemente el esfuerzo económico realizado por el Estado.
“Sembrar para perder dinero no es una opción sostenible. Si queremos alimentos producidos aquí mañana, hay que permitir que el agricultor pueda sembrar hoy”, concluye la organización.
