Sin entrar en cuestiones medioambientales ni ambientalistas, y dedicándome a mi especialidad, dar voz al punto de vista de los agricultores, la escalada de precios del petróleo está haciendo mella en las economías de las explotaciones agrarias. El incremento de las cifras está provocando que los costes de producción se estén disparando, fundamentalmente, el gasóleo agrícola y los fertilizantes.
¿Cuál es el problema? Pues que los eslabones fuertes de la cadena agroalimentaria se aprovecharán de la situación, subirán los precios de los alimentos en los lineales de los supermercados excusándose en que también lo harán los gastos de las empresas de servicio y de transporte de mercancías, y a los agricultores y ganaderos les costará más producir los alimentos, pero la subida nunca repercutirá en sus bolsillos, los precios que recibirán por los productos continuarán inamovibles.
El precio que recibe un agricultor no puede estar, bajo ningún concepto, por debajo de los costes de producción. Es necesario aplicar instrumentos para modificar el obsoleto sistema de comercialización que rige en la actualidad, marcado por movimientos especulativos en los mercados, así como aplicar una normativa legal que termine con el abuso de la industria y la distribución sobre el primer eslabón de la cadena alimentaria, el productor.
Pero como decía hace unos años el director general de la Industria Alimentaria del MAPA y entonces director de la AICA, José Miguel Herrero, “por el hecho de la mera existencia de una ley en el BOE, no cambian las actitudes y las conductas de décadas o de siglos”. Así que es trabajo de todos concienciar al sector y aniquilar ese desequilibrio que se produce, fundamentalmente entre los eslabones que están más próximos al productor y los que están más próximos al consumo.
En definitiva, los agricultores y los consumidores son lo que pagan los platos rotos cuando se dan desequilibrios en la cadena agroalimentaria, ya sea por movimientos especulativos, por prácticas comerciales desleales, por falta de normativa efectiva o, incluso, por la toma de decisiones políticas poco acertadas. Este es el caso de la propuesta del Gobierno de establecer un nuevo impuesto al diésel en el año 2019, que ha generado mucha incertidumbre y malestar social en el sector agropecuario, porque las consecuencias serían terribles para su rentabilidad. En este sentido, desde la organización agraria ASAJA ya se ha insistido a la Administración General del Estado para que el gasóleo agrícola esté exento de dicha imposición.
Volviendo a la desmesurada escalada del precio del petróleo, curiosamente, aunque el incremento se lleva registrando todo el año, las cifras más altas se han alcanzado en una época punta de consumo de gasoil en el campo, como es la campaña de siembra de los cereales.
Para hacernos una idea de lo que suponen estos gastos en la rentabilidad de una explotación agraria, pongamos un ejemplo práctico teniendo en cuenta que el precio del gasóleo B se sitúa hoy en 0,975 €/l, cada vez más cerca de su máximo histórico de 1,12 €/l alcanzado en 2012: en una explotación de cereales de secano, de unas 200 hectáreas, los costes ascienden a 8.300 euros en gasóleo y 21.600 euros en abono, lo que supone unos 3.500 euros más que los gastados el año pasado.
Si bien es cierto que el gasóleo que utilizan los agricultores y ganaderos (gasóleo B) está bonificado gracias a la devolución parcial del Impuesto especial de Hidrocarburos aprobada en 2010 (se devolvían 78 euros por cada 1.000 litros consumidos) tenemos que recordar que este reembolso parcial se ha reducido en 15 euros con la modificación de la Ley de Impuestos Especiales que entró en vigor en julio de 2017, quedando la devolución del impuesto en 63 euros por cada 1.000 litros consumidos.
Con el fin de compensar la situación actual de las subidas del gasóleo agrícola desde ASAJA hemos vuelto a solicitar de nuevo una reducción de la factura del gasóleo del 35 % y del 15% en los plásticos y fertilizantes en el IRPF, medidas que se implantaron en los años de mayores subidas del precio de los carburantes y que fueron muy efectivas para nuestros agricultores.
Pero esta medida no deja de ser un parche, nunca una solución en sí misma. Lo que hay que evitar es que el aumento desmesurado de los costes de producción deje de tener una incidencia especial en aquellos sectores en los que es difícil trasladar los incrementos al precio del producto. Si bien es cierto que el precio del gasóleo afecta en general a todos los bolsillos, las condiciones específicas de formación de los precios agrarios, impiden repercutir las subidas de los costes de producción en el precio de venta de sus productos.
Es precisamente ahí donde hay que aunar esfuerzos, en impedir los desequilibrios en la cadena agroalimentaria sea cual sea el motivo, pues no olvidemos que los agricultores y los ganaderos son los encargados de producir los alimentos sanos y seguros que todos demandamos.
José María Fresneda, secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha
