La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha procedido a enviar las primeras cartas a regantes de localidades de La Mancha (como Pedro Muñoz o Campo de Criptana -Ciudad Real- o Villarrobledo -Albacete-), dándoles un plazo máximo de diez días para la clausura de sus pozos denunciados en el procedimiento sancionador sobre apertura de un pozo e instalación en el mismo de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas. Además, en el comunicado se advierte de la ejecución subsidiaria por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en caso de incumplimiento, corriendo por cuenta del regante todos los gastos que se originen por tales actuaciones.
La carta, firmada por el comisario de aguas de la CHG, Ángel Nieva, recoge literalmente que “por todo ello, se le concede un último y definitivo plazo de diez días, para que proceda voluntariamente a la clausura del pozo de que se trata, mediante el desmantelamiento y retirada de los instrumentos instalados para la extracción de agua, soldando una chapa en la embocadura (mínimo dos puntos) y precintando los mismos”.
Se advierte asimismo que “transcurrido dicho plazo, el Organismo procederá a su ejecución subsidiaria, de conformidad con lo establecido en el art. 323.6 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, siendo de su cuenta todos los gastos que se originen por tales actuaciones de conformidad con el presupuesto que adjunto le acompaña, y ello sin perjuicio de cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera derivarse del citado incumplimiento”.
Según ha podido saber agroclm, los pozos advertidos de cierre corresponden a los que pidieron su regularización hace más de diez años por la solicitud de explotaciones prioritarias y a los que solicitaron un cambio de ubicación hace también años y no han recibido contestación por parte de la Confederación.
Regantes consultados por agroclm lamentan que, tras diez años de incumplimientos sobre la regularización de los pozos de las explotaciones prioritarias por parte de los diversos representantes políticos, ahora se obligue a cerrar pozos, con el consiguiente perjuicio económico.
Tampoco comprenden que desde la CHG se afirme reiteradamente que no cuentan con personal suficiente, de ahí el retraso de varios años en las contestaciones a diversos trámites, pero sí dispongan de ese personal para la gestión del cierre de pozos, que requiere de quien realiza el informe a pie de campo, de administrativos para incoar y enviar las denuncias y de personal cualificado para desmantelar y cerrar el pozo, en el caso de que el denunciado no lo realice voluntariamente.
