La Consejería de Fomento ha compartido y recogido experiencias en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en el marco del encuentro de pueblos y ciudades para la sostenibilidad ‘Campo y Ciudad. Agenda global’. La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha participado esta semana en la jornada inaugural, mientras que otros representantes de la Consejería han participado en varias mesas específicas.
El director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado, ha introducido y moderado la mesa ‘Ordenación territorial y urbanística en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible’. Desde esta Dirección General se han participado en la organización de las jornadas técnicas, con el espíritu de “integrar los criterios de sostenibilidad en la gestión de las competencias de Fomento”. Del mismo modo, el director general de Carreteras y Transportes, David Merino, ha introducido y moderado la mesa ‘Planificación integrada de territorio y transporte’.
CONAMA es el referente nacional de congresos dedicados al sector ambiental y de sostenibilidad para fomentar el diálogo e intercambio de conocimientos en todos sus ámbitos. En esta edición, que continua este jueves, se está poniendo un foco especial en el desarrollo rural y los retos de la despoblación y la gestión del territorio de cara al desarrollo sostenible. Estos ámbitos se abordarán teniendo como marco de referencia desafíos de interés global como el cambio climático, la economía circular y la Agenda Global 2030 de la ONU.
Planificación y gestión del agua en la España vacía
También, el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ha introducido y moderado la mesa debate sobre ‘Planificación y gestión del agua en la España vacía’, en la que se ha referido a la complejidad de abordar y alcanzar los objetivos que marca la Directiva Marco del Agua (DMA) en territorios como Castilla-La Mancha, con poca población, y extenso territorio, así como la mayor complejidad para facilitar los servicios relacionados con el agua, ya de por sí complicados de gestionar.
La mesa, que ha estado dividida en tres bloques temáticos, ha abordado en primer lugar los retos y objetivos en materia de planificación y gestión del agua; en segundo lugar, el marco competencial; y, por último, la tarifa del agua. En cuanto al primer bloque, como ha indicado Luengo, el principal objetivo es compaginar el agua como derecho humano en el abastecimiento y saneamiento, con los objetivos medioambientales exigidos en la DMA, que se resumen en la consecución del buen estado de todas las masas de agua, superficiales y subterráneas. Una labor en la que trabajan las administraciones públicas, ha asegurado, realizando una gestión de los recursos hídricos lo más óptima posible.
Por otro lado, se ha tratado el marco competencial en materia de agua y cómo puede afectar desde el punto de vista técnico-económico a los pequeños municipios, como pasa en numerosas localidades de Castilla-La Mancha pues es una asignación competencial que la tienen según la Ley de Bases de Régimen Local.
En este sentido, ha dicho que la responsabilidad de la Administración regional es máxima en lo que se refiere al servicio de abastecimiento y saneamiento, de ahí que se realiza una labor importante de apoyo técnico y económico a muchos núcleos, especialmente los de tamaño pequeño y mediano, pues la tecnificación de los procesos, las inversiones requeridas y los costes de mantenimiento y explotación provocan que para muchos sean inviable. De hecho, ha apuntado Antonio Luengo, la gestión del abastecimiento en alta y la depuración deberían ser servicios supramunicipales y no municipales.
Por último, sobre las tarifas del agua, el responsable de la Agencia del Agua ha planteado que la DMA exige a los servicios relacionados con el agua la recuperación de costes, incluidos los costes medioambientales y del recurso, teniendo en cuenta el principio de que “quien contamina paga” y así se está incluyendo también en la revisión de los planes hidrológicos para el ciclo 2021-2027 que ya evalúan la recuperación de costes. Así, como ha apuntado, el uso del agua para abastecimiento humano recupera más los costes (incluidos los medioambientales) que el uso para la agricultura, por lo que se produce una subvención cruzada entre estos.
En este asunto, se ha referido al caso del trasvase Tajo-Segura, pues con una “asignación cuatro veces inferior, el agua para abastecimiento se paga un 13% más cara que el agua para regadío, siendo la misma agua y haciendo el mismo trayecto, aunque ninguna de estos dos usos abona los costes medioambientales en el río Tajo”. Por tanto, ha concluido, “la tarifa bien diseñada es un elemento esencial para la gestión de un recurso escaso como es el agua y que tiene que atender demandas tan esenciales como la salud de las personas, los ecosistemas o los desarrollos económicos”.
