La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pedirá al Ministerio de Agricultura y a Bruselas que las administraciones públicas no puedan ser beneficiarias directas de la Política Agraria Común (PAC).
Tras analizar los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los perceptores del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) derivados de la PAC, en las campañas 2017 y 2018, la asociación agraria subraya que entre los 10 mayores perceptores se encuentran seis Administraciones Autonómicas y dos entidades públicas, que se están subvencionando a sí mismas y reclama que en la PAC reformada «se excluya o, cuando menos, se limite esta práctica»
Unión de Uniones, pone en evidencia que determinadas administraciones están financiando con fondos de la PAC, que deberían llegar a las explotaciones y empresas del sector agrario y el medio rural, sus actuaciones públicas, que tendrían que alimentarse con recursos propios.
Según el listado publicado por el FEGA, entre los 10 beneficiarios de ayudas PAC con mayores importes están 6 Consejerías o departamentos equivalentes autonómicos y 2 empresas o institutos públicos.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha habría recibido 91,6 millones de euros en los dos pasados años siendo el mayor receptor de ayudas. Tras ella, la Comunidad de Madrid, con 57,0 millones de euros y la Xunta de Galicia, con 47,7 millones de euros.
Por su parte, La Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón y el Principado de Asturias entran también en el Top-10 de beneficiarios PAC con 47,7 millones de euros, 22,9 millones de euros y 14,7 millones de euros, respectivamente.
En cuanto a entidades públicas instrumentales, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con 27,4 millones de euros y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental con 13,3 millones son las que aparece en los puestos quinto y décimo.
No son, sin embargo, las únicas Administraciones Públicas que absorben cantidades significativas de subvenciones de la Política Agrícola Común. En el puesto 15 aparece la Junta de Andalucía, con 10,1 millones de euros; en el 21 se coloca Murcia, con 8,2 millones de euros y en el 24 La Rioja, con 8,0 millones de euros.
En los puestos 27 y 30 se sitúan todavía, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) del Norte (7,0 millones de euros) y el grupo TRAGSA, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (4,5 millones de euros).
En su mayor parte, los fondos de la PAC absorbidos por las Comunidades Autónomas proceden, apuntan desde la Unión de Uniones, de diversas medidas de los Programas de Desarrollo Rural, sobre todo relacionadas con inversiones públicas en zonas forestales y en infraestructuras.
En el listado de entidades públicas es posible encontrar, inciden, con partidas importantes, incluso ayuntamientos como el de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), que en los ejercicios 2017 y 2018 se ha beneficiado de más de 20 millones de euros, en este caso en su mayoría de por pagos directos y greening, para lo que ha debido acreditar, además, que es agricultor activo.
Unión de Uniones considera que, aunque está muy a favor de las políticas de públicas para garantizar los servicios básicos a los ciudadanos, sin embargo, esta utilización de los fondos de la PAC, en los que se encuadran también -en su segundo eje- los de desarrollo rural, desvirtúa el fin de los mismos.
“Determinadas Consejerías se están financiando con dinero que debería ir directamente a las iniciativas del sector”, declaran desde la organización que añade que “a menudo nos fijamos en cómo un 5 % de los beneficiarios de pagos directos se lleva el 50 % de los mismos y pedimos medidas para que se repartan mejor las ayudas, pero lo que está pasando con la apropiación del dinero del desarrollo rural por parte de las administraciones públicas puede llegar a ser igual de injusto o peor”.
La organización reivindica que en el Plan Estratégico Nacional que aplicará la PAC reformada en España, se excluya esta posibilidad a las administraciones como beneficiarios directos de la PAC, o que se establezcan límites razonables para que no pueda hacerse de manera sistemática y generalizada.
