En su Declaración Institucional de Emergencia Climática de Castilla-La Mancha, aprobada la pasada semana, los diputados, entre los diversos compromisos que se enumeran para contribuir a la lucha contra el cambio climático y minimizar sus consecuencias, se expresan a favor de impulsar la agricultura ecológica, así como la de proximidad, y también a favor de prever mecanismos compensatorios para que las declaraciones de protección medioambiental sobre determinadas áreas no supongan perjuicio al desarrollo económico de explotaciones agrícolas y ganaderas. Una “nueva cultura del agua”, basada en su adecuada gestión y en el impulso a las infraestructuras, es otro de los compromisos contenido en la Declaración.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha recibido positivamente la Declaración Institucional de las Cortes, y desearía que “no se quedará simplemente en eso y que sirviera para que el Gobierno autonómico tome conciencia y corrija graves errores cometidos en la anterior legislatura, precisamente en estas dos cuestiones: con un recorte de las ayudas traumático para la agricultura ecológica y con la cuestionable implantación de Planes de Gestión de las zonas de la Red Natura 2000, que imponen restricciones y limitaciones a la actividad agraria, sin contar con los necesarios fondos para compensarlas”.
Los diputados parten de asumir que existe una situación de “emergencia climática”, a nivel mundial, y que la región será una de las que sufrirá las consecuencias del cambio climático con severidad, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas para que las políticas llevadas a cabo en todos los ámbitos contribuyan a luchar contra el proceso y a paliar sus efectos sobre la población y el medio ambiente.
Esto se ha traducido en la ratificación de una Declaración que asume hasta 18 puntos, que afectan a todas las facetas de la economía: energía, movilidad, educación, agua… y también, por supuesto, agricultura con sus interacciones con el medio ambiente.
Unión de Uniones comparte, y acoge positivamente, los compromisos enunciados por las Cortes en lo que respecta al impulso de la agricultura ecológica y la previsión de compensaciones a la actividad agraria para que no se vea alterada por la declaración de espacios protegidos; pero desearía que realmente la Declaración sea un “compromiso” de todos los diputados que la han votado para hacer realidad esas dos premisas.
Por desgracia, señalan desde Unión de Uniones, “n la anterior legislatura ya asistimos a Resoluciones sobre agricultura ecológica que instaban al Gobierno a tomar medidas para apoyar a los agricultores ecológicos y que fueron ignoradas por el Ejecutivo. También hemos conocido como, desde el Gobierno regional, se introdujeron en algunos ejercicios, sin dar cuenta a nadie, cambios importantes en los créditos presupuestarios que dejaron en papel mojado las partidas que la Cámara aprobó por Ley para dotar de más fondos a la agricultura ecológica”.
En cuanto a lo de “aumentar e impulsar las inversiones en infraestructuras que garanticen el uso sostenible del agua, como recurso vital para la región, ya nos contentaríamos con que se ejecutasen las que se presupuestan, porque el capítulo de inversiones del presupuesto de agricultura presenta niveles de realización vergonzosos año tras año. De los últimos ejercicios el mejor fue el 2015, cuando se llegó al 65%, pero en años posteriores (de los que hay datos completos) solo se ha gastado el 26% o el 30%”, indican desde la organización agraria.
Declaración de Emergencia Climática de Castilla-La Mancha
-Contribuir de forma efectiva con sus políticas a frenar la amenaza que entraña el cambio climático mediante la reducción de gases de efecto invernadero, aprovechando esta oportunidad para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible.
-Desarrollar la Estrategia Regional de Cambio Climático, Horizontes 2020 y 2030 (aprobada por Orden 4/2019, de 18 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural), y revisar la normativa regional para adaptarla para su cumplimiento.
-Emprender y aprobar las reformas legales y medidas necesarias, apostando decididamente por la transición de una economía lineal a una circular.
-Aprobar las normas que sean precisas sobre cambio climático en el marco de la legislación básica estatal, de la Unión Europea y de los acuerdos internacionales, con el fin de implementar políticas efectivas de reducción de los impactos, la adaptación y la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI). En la elaboración se fomentará la participación activa de la sociedad y los agentes sociales implicados, basándose en los mejores dictámenes científicos.
-Fomentar una transición energética justa socialmente y responsable con la biodiversidad en el marco de una planificación regional basada en el modelo definido en la actual Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, promoviendo su modificación, si fuera necesario, para adaptarla a las nuevas exigencias de la Unión Europea, fomentando el autoconsumo y reduciendo la demanda de energía.
-Impulsar el Plan de fomento de las energías renovables y el autoconsumo en el sector público de Castilla-La Mancha.
-Seguir avanzando en el desarrollo de modelos de movilidad sostenible mediante el fomento del transporte público y el uso de la bicicleta, así como de vehículos de bajas emisiones.
-Apoyar la gestión del territorio frenando la erosión y recuperando la tierra fértil y los ecosistemas, protegiendo la biodiversidad y reforzando la silvicultura adaptativa y sostenible que garantice la conservación de los sumideros de carbono. Y por el papel fundamental que desempeñan estos últimos ante el reto climático, desarrollar y aplicar políticas para cartografiar, dimensionar, divulgar y, en su caso, restaurar los principales sumideros naturales de carbono de la región, siempre de acuerdo con otros objetivos para las áreas identificadas.
-Aumentar e impulsar las inversiones en infraestructuras que garanticen el uso sostenible del agua como recurso vital para Castilla-La Mancha, siendo necesario el desarrollo de una nueva cultura del agua donde la gestión adecuada y la reducción de la huella hídrica puedan garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema productivo y el mantenimiento de los ciclos y ecosistemas naturales que garantizan su regeneración.
-Situar al sector agroalimentario castellano manchego como referente en calidad y sostenibilidad, impulsando la agricultura ecológica, de proximidad y circuitos cortos de comercialización, incentivando su resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático a través de la investigación, el desarrollo, la innovación. Para ello se presentará atención a la demanda de agua en el marco de la normativa europea en esta materia, así como en cuestión de biodiversidad, formación y asesoramiento técnico.
-Continuar con la mejora de la prevención frente a nuevos riesgos derivados de desastres climáticos y reducir los ya existentes a través de la aplicación del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
-Proseguir con los estudios necesarios para constatar los efectos y el impacto del cambio climático sobre el medio ambiente, la salud o los bienes y reducir su vulnerabilidad.
-Fomentar la conciencia social, especialmente en edades tempranas, para la sensibilización sobre el cambio climático y sus efectos, mediante la implementación de medidas preventivas desde la educación.
-Identificar y apoyar a los sectores económicos y sociales vulnerables, bien por los efectos del cambio climático sobre éstos o bien por la transición hacia modelos productivos de bajas emisiones, con especial atención al tercer sector y al medio rural, de modo que las declaraciones de protección medioambiental no supongan perjuicio al desarrollo económico de explotaciones agrícolas y ganaderas, previendo posibles mecanismos compensatorios. Se prestará especial atención al mantenimiento y fomento del empleo en dichos sectores. Asimismo, se estima conveniente una consideración especial de las zonas afectadas por la despoblación.
-Orientar las acciones de cooperación internacional al desarrollo hacia la convergencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030.
-Incorporar la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático, de modo que mujeres y hombres contribuyamos por igual a responder ante este desafío común.
-Colaborar y promover este compromiso entre el resto de administraciones, otras entidades y agentes, incluidos municipios (impulsando su adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible), diputaciones y mancomunidades para llevar a cabo medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
-Solicitar a la Conferencia Estatal de Presidentes que aborden la emergencia climática y biodiversidad.
