Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama al Ministerio de Agricultura que pida a la Comisión Europea (CE) la articulación de medidas extraordinarias de gestión de crisis para paliar los bajos precios en origen del aceite de oliva, como permite la normativa comunitaria de la Política Agraria Común (PAC), consistentes en una ayuda eficaz para la retirada, no para el almacenamiento, de 600.000 toneladas de aceite de oliva del mercado europeo para destinos no alimentarias, como por ejemplo la producción de biodiesel .
El sector del aceite de oliva sufre una grave crisis de precios, como ya denunció hace meses Unión Uniones, reconocida por la Comisión Europea y para la que decidió aplicar el mecanismo ordinario de gestión de crisis que contempla la PAC para este sector, el almacenamiento privado de aceite de oliva, que autorizó el 11 de noviembre del 2019.
Pasados más de dos meses desde la puesta en marcha de esta medida, los precios en origen no han remontado ni se han recuperado, según los datos de diversas fuentes oficiales. Además, las previsiones de cosecha para esta campaña se modificaron a la baja en octubre, después de que la CE estimara un descenso del 9% respecto a las previsiones iniciales.
Unión de Uniones también ha advertido en numerosas ocasiones que el almacenamiento privado no es una medida útil para el sector para equilibrar la oferta y la demanda, ya que sólo tiene un resultado positivo si la salida al mercado del aceite almacenado coincide con una campaña de producción corta en toneladas de aceite. Sin embargo, esta vez el almacenamiento privado no ha sido útil ni para este caso.
Asimismo, a la grave situación de crisis de precios en origen se ha sumado el establecimiento de aranceles de Estados Unidos a la importación de aceite de oliva procedente de Europa. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el principal mercado para las exportaciones europeas de aceite de oliva.
Finalmente, Unión de Uniones alerta a los consumidores que recelen de las ofertas a precios extraordinariamente bajos de aceites de oliva etiquetados como virgen y virgen extra, porque, a menudo, no cumplen los requisitos mínimos establecidos por la legislación para ser etiquetados con estas denominaciones, como ha denunciado la organización en reiteradas ocasiones.