EFEAGRO. La Comisión Europea (CE) ha publicado este viernes un reglamento que aplica la flexibilización de las normas ambientales de la Política Agraria Común (PAC) a las obligaciones de establecer o de reconvertir tierras en pastos permanentes.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), va en la línea con la reforma que ha aprobado esta semana la Eurocámara para suavizar la exigencias de esa política, tras meses de protestas de los agricultores.
Efectos retroactivos desde el 1 de enero
El reglamento, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, «suaviza la norma que exige el mantenimiento de los pastos permanentes basado en una proporción con respecto a la superficie agrícola que debe compararse con el año de referencia de 2018».
Hasta ahora, cuando la proporción de pastos en relación con la superficie agrícola haya disminuido en más de un 5 % frente a 2018, el Estado miembro debe imponer la obligación de reconvertir tierras en pastos permanentes o fijar una superficie de pastos los propietarios de terreno para otros usos.
«En algunos Estados miembros, los sistemas de explotación se han visto afectados por cambios estructurales, en particular debido a la reducción de las cabañas ganaderas y al descenso del número de agricultores especializados en ganadería», según el reglamento.
Como consecuencia, la necesidad de forraje para el ganado ha disminuido y los agricultores han desplazado su producción de pastos y forrajes herbáceos hacia otros cultivos distintos de los necesarios para la alimentación del ganado.
En los sitios en los que se han tomado estas decisiones, cada vez es más difícil para los agricultores cumplir la obligación de establecer o restablecer pastos permanentes manteniendo su viabilidad económica.
Tras la decisión de este viernes, los países podrán ajustar la proporción de referencia en el período de programación 2023-2027 para tener en cuenta la disminución de la superficie de pastos permanentes derivada de cambios estructurales en sus sistemas de explotación que se hayan producido a partir de 2019.
Los Gobiernos deben basar sus evaluaciones en los datos disponibles más recientes y utilizar como base para sus evaluaciones un período de cinco años consecutivos, que no comenzará antes de 2019.
En la reglamentación, la CE ha reconocido que es importante establecer dichas normas lo antes posible para permitir una planificación adecuada por parte de los agricultores y su gestión y adaptación legislativa por parte de las autoridades nacionales.
