La PAC: también para los trabajadores del campo. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha

La próxima reforma de la PAC, apuesta por establecer: ‘techos de ayuda’ por explotación y ‘fomento del empleo’ de calidad. Y, por primera vez, incluye a los ‘asalariados del campo’, como colectivo afectado, para bien, por esta Política Agraria Común

Cerca de sus primeros 60 años de vida, la Política Agraria Común (PAC) sigue siendo extraordinariamente compleja. Entre sus aspectos más positivos destaca sobre los demás, el hecho mismo de su creación y continuidad en el tiempo, suponiendo una política común, decidida entre todos los Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea (UE) y que regula el sector agrario, tratando de garantizar la renta de todos los agricultores y ganaderos europeos. Es una política consecuencia de la cesión de competencias de los países adheridos a la UE, que ha servido para consolidar el acervo comunitario y “señuelo” -junto con los fondos estructurales y de cohesión- para el desarrollo económico de los países que se han ido incorporando a la Unión y para el conjunto del territorio rural europeo.

En plena negociación sobre la futura PAC y en medio de las movilizaciones de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), que reivindican precios justos para los productos agroalimentarios, conviene recordar que la PAC debe garantizar una renta justa a los agricultores y ganaderos. Un complemento que, en la mayoría de ocasiones, el mercado, es decir, los consumidores, no están dispuestos a pagar por los alimentos.

Los agricultores y ganaderos realizan una aportación imprescindible al desarrollo rural, a la conservación del medio ambiente y a la vertebración del territorio europeo. Y esto también hay que pagarlo. Si no es de forma completa en la cesta de la compra, como reclaman los agricultores y ganaderos estos días, debe ser la PAC la que garantice unos ingresos mínimos que hagan rentable la actividad agraria. Y, también, la que garantice ‘instrumentos de mercado’ suficientes para que el sector pueda responder de forma ágil y contundente a las crisis de precios, cada vez más recurrentes, en el mercado global.

Pero hay más decisiones de calado que debemos tomar entre todos para una aplicación justa de la PAC en España. De forma breve, pero muy claramente, es necesario mantener un número alto de perceptores de la PAC, que fortalezca la estructura del sector, al mismo tiempo que se prioriza a los agricultores y ganaderos profesionales.

Para ello, se puede establecer una ayuda base para todos y ofrecer a los pequeños y medianos agricultores profesionales que invierten en el sector, viven en los pueblos y generan riqueza y empleo, la posibilidad de recibir un pago extra, el redistributivo, y beneficiarse de los ecoesquemas, que deben premiar compromisos medioambientales extras, en sectores concretos. Y, para que haya un pago redistributivo suficiente, hay que aplicar un techo de las ayudas por explotación, que permita recaudar fondos suficientes para financiar dicho pago redistributivo.

Y es aquí, al establecer el techo de ayudas por explotación, donde hay que tener en cuenta a los asalariados del campo, que deben estar presentes en esta reforma de la PAC, tal y como ya planteamos desde Castilla-La Mancha en el documento de posición enviado al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea, en marzo de 2018 (https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180323/posicion_comun_de_clm_reforma_pac_definitivo.pdf).

Sin definir todavía, podemos aventurar un techo de ayudas por explotación entre 60.000 y 100.000 euros, que podría superarse en caso de que se cree empleo en la explotación, de tal forma, que si se tiene derecho a ayudas por encima del techo que se establezca, se podrá incrementar éste en la cuantía de todos los costes laborales que asuma la explotación agraria, hasta el límite de ayudas a las que tenga derecho. Por ejemplo, supongamos un techo de 100.000 euros de ayudas, y una explotación que tenga derecho a percibir 120.000 euros en total y que tenga unos costes laborales de 60.000 euros. Podría cobrar 160.000 euros, pero cobrará 120.000, que es el máximo al que tiene derecho, pero por encima del techo establecido.

En primer lugar, es muy importante establecer un techo de ayudas por explotación, cuestión que en la PAC actual no quiso aplicar en España el entonces ministro, Miguel Arias Cañete, lo que, sin duda, ha contribuido a deslegitimar esta política. Parece razonable limitar las ayudas a las grandes explotaciones, muchas de ellas de titularidad ajena a la agricultura, haciendo una mejor gestión de los recursos públicos, aumentando el pago redistributivo a repartir entre los profesionales, como mencionamos antes, y fomentar el empleo agrario, el de los trabajadores o asalariados del campo.

Un elemento clave a considerar es convencer a la sociedad de la importancia de la PAC, de la necesidad de contar con un presupuesto suficiente para alcanzar los objetivos en seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente y el territorio, que se piden a los agricultores y ganaderos. Y para ello, establecer un techo por explotación, es prioritario. Y debe ser relativamente bajo (mejor 60.000 que 100.000 euros), para poder recaudar más fondos para el pago redistributivo y permitir que se repercutan los costes laborales. De esta forma, no solo se incentiva el empleo agrario, sino que se apuesta por el empleo de calidad, con salarios más altos.

En un momento en que se debate sobre el impacto en el sector agrario del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes, es necesario aclarar que la mayor parte de los agricultores y ganaderos pagan ya a sus trabajadores por encima del SMI, con lo que esta medida tan necesaria y justa desde el punto de vista social en nuestro país, no ha supuesto incremento del desempleo y, de manera general, tampoco de costes para las explotaciones.

En cambio, puede ser muy útil para la aplicación de esta reforma de la PAC, en la que la puesta en marcha de techos de ayuda por explotación y el fomento del empleo de calidad, incluye, por vez primera, a los asalariados del campo como colectivo afectado (para bien) por esta política.

Podemos resumir que: a más empleo y más salarios, más ayudas.

No es mal mensaje para esta PAC.

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Blog ruralsiglo21

 

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