Después de 58 años donde los principios de la Política Agraria Común y sus posteriores reformas han estado siempre inspirados en las medidas de mercado y la garantía de unas rentas para el sector primario; el siglo XXI con una economía globalizada y el reto del cambio climático supone un punto de inflexión para lo que han sido hasta ahora las reglas de la PAC.
El cambio climático ha dejado de ser una opción de discusión académica para erigirse en una obviedad científica y como todos los cambios pasan por una etapa de resistencia cultural, económica y social, pero la oposición a estos nunca se impone a la inercia de los hechos ni impiden sus efectos.
La semana pasada se alcanzó un acuerdo para el marco financiero de la PAC que supondrá para España unos 47.682 millones de euros para el período 2021-2027 en un contexto muy difícil por las consecuencias del Brexit y por las negociaciones comunitarias sobre el Fondo de Recuperación para reactivar la economía de los Estados colapsada por el COVID-19.
La nueva PAC tiene previsto, de acuerdo con los planes de trabajo de la Comisión Europea, entrar en vigor en el 2023, aunque hasta esa fecha se aplicará un Reglamento de Transición con el nuevo presupuesto que implica para 700.000 agricultores y ganaderos con una percepción media de 8.482 euros el año pasado; 39.156 millones de euros para España procedente del primer pilar (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) y 8.526 millones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y que se ejecutarán con las actuales reglas.
Un cambio en la metodología contable no debería confundir a algunas organizaciones agrarias, sobre todo porque arrastran experiencias de otros `procesos similares en los que el cálculo era idéntico. Su discrepancia respecto a los datos oficiales estriba en un cambio de metodología al usar precios constantes con una previsión de inflación del 2%, (dato que en los últimos diez años solo se sobrepasó en el 2.011 con un 3,2%) en lugar de los precios reales que usa el Gobierno.
Es un regate cortoplacista de algunas organizaciones agrarias que no se sostiene con el rigor de los datos, a una buena negociación para el sector agroalimentario español en Bruselas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del ministro de Agricultura, Luis Planas. Esta estrategia, creo, sinceramente, empaña el esfuerzo conjunto que están realizando las organizaciones agrarias junto con colectivos ecologistas, comunidades autónomas y el propio Ministerio de Agricultura, para elaborar el Plan Estratégico PAC post 2020.
Porque se trata de eso, de hacer un esfuerzo no en calcular lo que teóricamente podemos perder, sino en trabajar juntos para obtener las mejores garantías de futuro para nuestros ganaderos, para nuestros agricultores y para nuestra zonas rurales, y lo mejor de todo, es que lo estamos haciendo y con un Gobierno que está liderando este Plan Estratégico con el análisis más completo y extenso que haya tenido España para su sector agroalimentario y con capacidad para movilizar 50.000 millones de euros de recursos públicos con las aportaciones de fondos comunitarios y la cofinanciación de fondos estatales y autonómicos.
Tenemos un año por delante, hasta julio de 2021 para que España remita a la Comisión Europea nuestro Plan Estratégico, al igual que el resto de los países miembros, que necesariamente debe estar vinculado a tres objetivos generales: el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima y el fortalecimiento del tejido socio– económico de las zonas rurales con el objetivo transversal de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización.
Para ilustrar este cambio de paradigma solo basta reseñar que hasta el 40% de los fondos de la nueva PAC se destinarán a acciones contra el cambio climático.
A este reto de elaborar un Plan Estratégico debemos ir juntos y unidos, no solo porque nos hace más fuertes sino porque nos proporciona esa sabiduría colectiva que logra mudar las incertidumbres del presente en las oportunidades del futuro.
La nueva PAC tendrá que ser verde, sostenible, equitativa y competitiva: Verde por un compromiso ineludible con el cambio climático; sostenible, porque deberá garantizar producciones seguras y compatibles con la biodiversidad; equitativa para propiciar el cambio generacional de agricultores y ganaderos profesionales y unas rentas dignas; y competitiva al incorporar el conocimiento, la innovación y la digitalización al sector agroalimentario.
A este reto estamos llamados y a este desafío este Gobierno está preparado para que con trabajo, diálogo y esfuerzo, entre todos, seamos capaces de garantizar un futuro digno a nuestros agricultores y ganaderos, a nuestro sector agroalimentario y a la España que no quiere ser vaciada.
Manuel González Ramos
Diputado nacional y Portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE
