“No podemos comprar un kilo de aceitunas sin que nos sancionen”

SOS de almazaras industriales

Las almazaras industriales, agrupadas en Almazaras Federadas de España, ven en peligro el desarrollo de su actividad en la campaña que entra no por circunstancias de mercado sino por las restricciones impuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como explica Macarena Sánchez del Águila, secretaria de la asociación, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio, ha establecido como criterio que el pago de la aceituna al agricultor por parte de la almazara se realice, como máximo, a los 30 días de su entrega. Esto cambia radicalmente el modelo de relación comercial que estas empresas -en su mayoría pymes- y los productores mantenían hasta ahora. Éste consistía, básicamente, en un modelo de contrato, a través del cual, por procedimientos verificables, se establecían precios en consonancia con el momento del mercado. Pero el precio no estaba vinculado al acto de la entrega, sino que el momento de pago lo decidía el agricultor “en función de sus circunstancias, porque necesitará liquidez, por estrategia comercial, etc.”, explica Sánchez del Águila.

Eso permitía al productor un mayor control sobre el precio, ya que podía esperar al mejor momento. Ahora, sin embargo, no puede elegir, según afirman las almazaras. En el momento en que entrega la aceituna debe cobrar (en un máximo de 30 días) y eso implica casi con toda seguridad que el precio sea bajo, ya que la recolección se concentra en unos pocos meses (normalmente en enero y febrero) y por pura teoría de la oferta ese es el momento de cotizaciones más bajas. Sánchez del Águila asegura que este problema acabará salpicando a todo el sector ya que el 40% de la aceituna española se entrega en almazaras industriales. Al concentrar los pagos en el momento de más producción, explica, los precios se hundirán.

Críticas al mejor trato de las administraciones a las cooperativas

Sostienen que ellos también están vinculados al territorio y generan riqueza. Por eso no entienden que, en lo que se refiere al establecimiento obligatorio de contratos y al nuevo criterio de AICA respecto al pago, las cooperativas queden exentas. “Eso va en contra la libre competencia -dice Sánchez del Águila-; nos dicen que no se pueden a hacer contratos a sí mismos, y nosotros les decimos que hay una relación societaria, efectivamente, a través de la cual el socio agricultor pertenece a la cooperativa y lleva allí su producto. Pero también hay una relación comercial porque el socio se beneficia de la venta de su producto y tiene un CIF propio, igual que la cooperativa tiene otro, por lo que no entendemos por qué no estén dentro de la ley”. Tampoco se comprende desde las almazaras los “privilegios” de estas entidades: “Tienen una bonificación del Impuesto de Actividades Económicas del 95%, del Impuesto de Sociedades, y en el reparto ayudas, el 97% de las convocadas por la Junta fueron a ellas solo por serlo, sin valorar otros proyectos e iniciativas”, afirma Sánchez del Águila.

La situación, por otro lado, dificulta mucho la relación comercial con sus proveedores de las almazaras, que se encuentran, dicen, con otro problema añadido. Por la ley de la cadena alimentaria el pago de la aceituna debe cubrir como mínimo el coste de producción y eso puede ser imposible si se las obliga a liquidar justo en el momento en el que la cotización está más baja. Sánchez del Águila lo resume de esta manera tan gráfica: “A día de hoy es imposible comprar un kilo de aceitunas sin que la AICA te sancione”.

Ya hay sanciones sobre la mesa

De hecho, ya hubo ya inspecciones en la campaña pasada, a partir de enero, y ya hay expedientes sancionadores “bastante fuertes” sobre la mesa, algo que Almazaras Federadas considera injusto y que ya está recurrido por la vía judicial y administrativa.

Almazaras Federadas está llamando a todas las puertas posibles. Ya ha obtenido el apoyo de ASAJA, COAG, la Denominación de Origen de Priego y los industriales de Asoliva y Anierac -que enviaron una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas- y ha entregado misivas firmadas por agricultores en las que afirman que prefiere no cobrar en el momento de la entrega, y ha elaborado estudios comparativos en los que se demuestra que el sector productor sale mejor parado con el anterior modelo. Nada ha servido, por ahora, y el único argumento, según Sánchez del Águila, es que una interpretación más restrictiva de la norma es mejor. Almazaras recuerda que la propia directiva de la UE de prácticas desleales permite la entrega en 30 días sin vincularla al momento de la entrega del producto sino en el momento en que decidan las partes. En este caso, el Ministerio ha ido un paso más allá, “creando un problema donde no lo había”, concluye Sánchez del Águila, quien afirma que nunca han recibido denuncias por parte de los agricultores.

887 empresas y 7.500 empleos, en riesgo

Se suele asociar el sector de la transformación aceite de oliva al mundo cooperativo, pero hay otra gran pata, algo menos conocida, la de las almazaras industriales. En su gran mayoría son pymes familiares, sociedades mercantiles, que establecen una relación comercial tradicional con el agricultor, que es libre de decidir dónde entrega la aceituna al no ser socio de una cooperativa. Hay 887 en España y 421 en Andalucía, con una fuerte implantación en Córdoba. Generan 7.500 empleos directos en el país y 6.100 en Andalucía. Producen el 40% del aceite de oliva en España, según informa Sánchez del Águila, y están vinculadas a ellas como proveedores 300.000 explotaciones, 200.000 en Andalucía.

El 20% del aceite que producen lo envasan -un porcentaje superior al de las cooperativas, dice Sánchez del Águila- y la gran mayoría -a granel o embotellado- se exporta, principalmente a Italia, Estados Unidos y Japón. En principio, al menos por parte de Almazaras Federadas -que representa un 10,5% de la producción nacional- se prefiere una acción individual para la venta que agrupada, excepto en el caso de los subproductos del aceite, para lo que ya se trabaja en una alianza. “Cada aceite es singular, por lo que es muy difícil una venta conjunta. Las concentraciones, además, pueden ser perjudiciales para la fijación de precios porque ese grupo tiene que vender diariamente determinadas cantidades aceites sí o sí por la necesidad de liquidez y eso presiona a la baja los precios del mercado”, afirma Sánchez del Águila.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + seis =