CHG contempla la compra de derechos de agua en el Alto Guadiana por parte de la Administración

Con el Fondo de Recuperación Europeo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, ha afirmado este fin de semana en el programa radiofónico ‘A pie de campo’ de Castilla-La Mancha Media (CMM) que el organismo de cuenca ha solicitado a la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la utilización de fondos de la reconstrucción de Europa para comprar derechos de agua en el Alto Guadiana.

Moraleda confirmaba al periodista Jorge Jaramillo que han solicitado poder hacer uso de una “aportación significativa” de estos fondos con el fin de recuperar gradualmente la sostenibilidad de las masas de agua subterráneas en el Alto Guadiana.

La compra de estos derechos, unido a los recursos que se puedan dejar de usarse de los acuíferos si se pone en marcha el abastecimiento de agua a la población a través de la tubería manchega, puede suponer “un punto de inflexión” en la recuperación a medio plazo de las masas de agua, que deben garantizar la supervivencia de humedales como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, aseguraba Moraleda.

Compra anterior

En otoño de 2012, la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente, que incorporó un nuevo procedimiento que permitió a los agricultores transferir sus derechos sobre el agua a cambio de ceder una parte del mismo para lograr un equilibrio más sostenible en la explotación de Las Tablas de Daimiel. Entonces, el Estado destinó 66 millones de euros a estas adquisiciones, dentro del Plan Especial del Alto Guadiana. En principio, el PEAG exigía que quienes quisieran vender sus derechos de agua debían demostrar que los habían usado para regadío al menos en los tres años anteriores a la compra, con el objetivo de ahorra 13,5 hectómetros cúbicos por año.

Sin embargo, desde organizaciones medioambientalistas, como WWF, criticaron que, “en la práctica, el Banco de Agua del Guadiana solo exigió la existencia de agua en el pozo, un requisito que, en ningún modo, aseguraba que se había estado regando durante suficiente tiempo, por lo que el ahorro no fue tal”.

Desde ASAJA Ciudad Real, por su parte, reclamaron en varias ocasiones a la Administración la agilización de los pagos a los agricultores por los derechos de agua vendidos.

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