Esta impresentable clase política que tenemos y sí, generalizo, va a conseguir que incluso los que éramos partidarios del estado autonómico dejemos de serlo.
Esta semana y aunque me considero en cierta medida curado de espanto, me impactó el siguiente titular “El Tribunal de Cuentas detecta descontrol en los contratos públicos de casi todas las comunidades en 2017”
Al parecer de ese Tribunal se incumplieron costes, plazos de finalización de obras y rigor en las normas de contratación de la mayoría de estas administraciones públicas.
Esas mismas normas de adjudicación y ejecución que nos imponen a la inmensa mayoría de los ciudadanos y empresas y que los políticos de forma muy generalizada según parece y con la necesaria cooperación de una parte de los funcionarios incumplen y se saltan a la torera, cuando les conviene.
Resulta pues sorprendente que ese implacable rigor que nos aplican a los ciudadanos los interventores de las administraciones, no se aplique siempre entre los funcionarios a la hora de hacer cumplir a otras administraciones. Así se deduce también del informe, donde se hace constar que son las universidades, entre otras instituciones públicas, las que fueron de las más incumplidoras.
Lo que vemos en nuestro sector
En nuestro querido medio rural vemos como las administraciones deniegan en miles de ocasiones las ayudas cuando un joven agricultor pide una ayuda de incorporación o se solicita ayuda para un Plan de Mejora o se presenta una PAC, porque se ha pasado un plazo o si falta o se incumple algún requisito. Muchos de esos expedientes, que son en general de pequeñas cuantías económicas, son muy importantes para ese ciudadano en concreto. No hay comprensión, ni piedad, ni alargamiento de plazos de ejecución, ni posibilidad de modificar cuantías. Estamos hartos de verlo.
Además, muchos de los servicios en las Comunidades Autónomas no atienden adecuadamente. Los teléfonos no funcionan. Llamar a los servicios agrarios o a las consejerías para resolver cualquier problema y esperar que te cojan el teléfono y te pasen con el funcionario responsable, que este esté en su sitio y que te lo arregle, si así corresponde, es una utopía… un sueño que casi nunca llega a hacerse realidad.
Cada día que pasa, vemos como a nivel agrario y rural para relacionarse con las administraciones autonómicas y resolver cualquier cosa se requiere más fe que el Alcoyano y más paciencia que el santo Job.
Desgraciadamente cuando ya consigues llegar al funcionario en cuestión lo normal desgraciadamente es que te ocurra alguna o varias de estas circunstancias:
Que no se identifique el funcionario.
Que con razón o sin ella, te acabe echando la bronca de lo mal que haces las cosas.
Te de una incomprensible explicación de porque él, no es el realmente competente para resolvértelo. Cuando sí lo es…
No pueden resolver tu caso con brevedad porque dicen estar muy sobrecargados en su servicio, lo que veces es cierto y en otras muchas ocasiones mejor no profundizar, para no indignarse.
Te piden todos los papeles que la administración ya tiene de ti y que les has autorizado previamente en la solicitud a recabarlos, porque dicen que, si ellos los piden, los otros funcionarios competentes o no se los dan, o tardan en exceso en hacerlo.
En cualquier caso y a su juicio, la culpa de la ineficacia nunca suele ser suya, o es del administrado, o del de más arriba, del de más abajo, o en su caso hasta del maestro armero. (*)
Entre tanto, las propias administraciones cada año, para publicar órdenes y resoluciones y para resolver, se amplían sus propios plazos concediéndose meses, lo hacen a la vez que acortan los plazos, hasta lo inverosímil para el ciudadano a los que nos conceden sólo semanas, o días para elaborar la solicitud, ejecutar y justificar.
Especialmente lamentable resulta, en nuestro sector, la ejecución de las Comunidades Autónomas de sus competencias en relación con las incidencias de las solicitudes PAC y con la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, que traen de cabeza a miles de agricultores y ganaderos.
Pero también con las labores de inspección en cuestiones alimentarias, sobre todo con el fraude y la manipulación sobre el origen y procedencia de los alimentos y el etiquetaje de los mismos (con algunas honrosas excepciones de Comunidades que se esfuerzan más en este sentido como ocurre con la comunidad catalana y murciana).
Los fraudes en el sector de la alimentación, como puede verse en el informe de la AICA y otras instituciones, no suelen ir dirigidos tanto contra la salud del consumidor, sino dirigidos a fomentar su desinformación y a vaciar su bolsillo dándole gato por liebre, pero indudablemente perjudican también a los productores.
Las competencias para estas cuestiones las tienen en su mayor parte las Comunidades Autónomas; pero la capacidad real y las ganas de hacer cumplir la normativa ante infracciones a empresas de gran tamaño, como por ejemplo pudieran ser: Nestlé, Danone, Carrefour o Mercadona y ponerlos, si llegase el caso “firmes” son de risa. Las sanciones y multas, cuando las hay, también.
Y en otras áreas las cosas no parecen ir mejor
Esto escandaliza si a todo esto le sumamos los desgobiernos y contradicciones que estamos viendo en otros ámbitos como en las cuestiones sanitarias; como por ejemplo el galimatías semanal que uno tiene que aprenderse si quiere viajar de esta comunidad a otra, la improvisación y la arbitrariedad de las normas anti COVID. En Madrid sin ir más lejos, se permiten en Navidad conciertos musicales en espacios cerrados de miles de personas, a los que van convivientes, allegados y no allegados, de fulano, zutano y un señor que pasaba por ahí… de distintas provincias. Y, al mismo tiempo, se prohíben reuniones familiares de más de 6 personas. Por eso no es extraño que los ciudadanos pasemos de la sorpresa a la indignación.
No son necesariamente malas las instituciones, pero si en muchos casos quienes las gobiernan. Soy de la opinión de que o los ciudadanos nos ponemos las pilas y nos movilizamos exigiendo ética y coherencia en la política y en las administraciones, o hacemos limpieza a fondo y pedimos justificación de las decisiones y trasparencia en la ejecución de las mismas, o esto no tendrá remedio.
Para ello me temo que tenemos que renovar nuestras propias actitudes y en muchos casos olvidarnos del pasotismo social que ensombrece nuestra sociedad y determinarnos a renovar la clase política y el correcto funcionamiento de las instituciones, por las vías legales y en la lucha diaria.
De no hacerlo, que nadie se extrañe de lo bien que calan en una buena parte de la sociedad, los mensajes populistas y simplistas, similares a los de “hay que acabar con el estado autonómico y que venga la mano dura y el tente tieso”. Al tiempo.
(*) Estas afirmaciones no incluyen lógicamente a aquellos servidores públicos que, si cumplen con sus obligaciones y dan un buen servicio a los ciudadanos, que naturalmente los hay.
Álvaro Tapia
