La Mesa de la Caza de Castilla-La Mancha ha calificado de “irresponsable” la resolución del Gobierno regional que suspende los desplazamientos para la entrada y salida de la región, así como de los términos municipales de la Comunidad Autónoma, para practicar la caza en los terrenos que cuenten con autorización expresa por la autoridad competente para la gestión de las especies cinegéticas con riesgo de sobreabundancia. También ha anunciado que generará conflictos entre agricultores y cazadores “en un año en el que ningún coto ha tenido las herramientas para realizar las capturas establecidas en el plan de ordenación cinegética”.
Señalan que “más allá de la gravísima crisis económica que se ha creado en el sector desde el inicio de la temporada cinegética y que esta medida puede dar la puntilla definitiva a las empresas del sector, a titulares cinegéticos y a las sociedades de cazadores locales, que se nutren de cazadores de otros municipios”, el Gobierno regional “no ha entendido el papel fundamental que la caza tiene en la prevención de daños a la agricultura y en los accidentes de tráfico y, si lo ha hecho, se ha plegado a las presiones político-ecologistas que ya hace semanas amenazaban con querellas criminales”.
“En Castilla-La Mancha se abaten cada año más de 90.000 piezas de caza mayor, de las cuales se estima que más de 70% de estas piezas no será abatidas, lo que puede suponer un gravísimo problema medioambiental y de salud para nuestra región. Asimismo, los más de 9.000 accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas en España se verán incrementados exponencialmente. Todas estas circunstancias a su vez darán lugar a responsabilidades de la Administración, tanto en cuestiones de accidentes de tráfico como en lo referido a los daños a la agricultura y la cabaña ganadera, derivados de la suspensión de la actividad cinegética acordada por la Administración, por lo que no puede recaer ni un minuto más estos daños en los titulares, cazadores y gestores de caza y mucho menos en los productores agrarios y ganaderos”, señalan.
Para la Mesa de la Caza, Castilla la Mancha “ha ido tomando decisiones desde el inicio de la pandemia que se contradicen con lo dictado por el Gobierno regional, donde el control por sobreabundancia de especies de caza mayor y conejo ha sido prioritario, conscientes de los problemas y daños que estas especies causarían una vez finalizada la veda de Castilla La Mancha, el próximo mes de febrero”.
Por todo ello, solicitan una rectificación “urgente” del Gobierno regional y la autorización al movimiento de cazadores para la entrada y salida en municipios y en la Comunidad para las actividades de caza mayor y menor como control por daños, “del mismo modo que han realizado otras regiones como Castilla y León, Extremadura, Murcia, Galicia, Cataluña, Baleares o Andalucía”.
