El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha reconocido que desde el Ministerio de Agricultura se está acelerando la convergencia de las ayudas prevista en la Política Agraria Común y, en concreto, en el periodo transitorio de dos años, y que comenzará el día 1 de febrero, aunque aclara que se hará de forma gradual, de manera que los agricultores puedan ir adaptándose.
En una entrevista en diariodesevilla.es, Miranda incide en que “el objetivo es acabar con una falta de objetividad, como el hecho de que dos agricultores, de una misma región, que cultivan lo mismo, en las mismas condiciones, hoy, pueden recibir ayudas muy diferentes. En este debate es muy importante el tipo de preguntas que nos hacemos. Cuando nos preguntamos por qué aceleramos la convergencia, se piensa en los beneficiarios que tienen importes de ayuda por encima de la región a la que pertenecen y, sin embargo, nadie hace referencia a los beneficiarios que tienen importes de ayuda por debajo. A lo que ambos tienen realmente derecho es a recibir el importe de ayuda medio de su región, tanto el que recibe menos como el que recibe más; ése es el punto de llegada de un proceso que comenzó en 2015”.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión del 26 de enero este Real Decreto con disposiciones específicas para la aplicación de la PAC en España en 2021 y 2022, años de transición hasta la entrada en vigor de la reforma en 2023.
De acuerdo con el mismo, en 2021 los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea inferior al valor medio regional se incrementarán en una cuarta parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el valor medio regional de este año. Ese incremento se financiará mediante la reducción de los derechos que superen el valor medio regional, sin limitación máxima de pérdidas más allá del propio valor medio de la región a la que pertenezcan. Según el texto, ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 70% del valor medio regional en 2021. En 2022 se procederá del mismo modo, de forma que ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 80% del valor medio regional en 2022.
Rechazo en Andalucía
Desde regiones como Andalucía ya han alzado la voz contra esta medida. La organización agraria COAG de Andalucía, junto con el resto de integrantes de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, ha mostrado un rechazo unánime al último borrador del Real Decreto de Transición, por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022.
Según la COAG, “si finalmente entra en vigor, va a ser letal para el modelo de agricultura social que prevalece en Andalucía”.
ASAJA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y la Consejería de Agricultura han trasladado también al Ministerio de Agricultura su desaprobación al proyecto de Real Decreto, alegando que “la aceleración brusca de la convergencia que plantea tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces”.
