El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, ha anunciado que durante esta campaña de riego se reforzará la vigilancia en las explotaciones del Alto Guadiana, con la participación de agentes del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil); agentes ambientales de Parques Nacionales y la incorporación, en breve, de nuevos agentes ambientales de la propia Confederación, con “el objetivo claro de evitar extracciones abusivas que redunden en el resto de usuarios que están haciendo un uso adecuado del recurso”.
En los programas de CMM Media ‘A pie de campo’ y ‘El Campo’, presentados y dirigidos por Jorge Jaramillo, Moraleda ha hecho un llamamiento advirtiendo de que las manipulaciones de caudalímetros pueden suponer importantes sanciones económicas, además del inicio del expediente de la extinción de los derechos de riego, “poniendo en peligro incluso la viabilidad de la explotación”. Además, ha recordado que la pasada campaña la CHG impuso unos 25 expedientes sancionadores por este tipo de prácticas, en algunos casos, con importes que superaban el propio valor de la finca.
Adquisición de derechos de agua
Por otra parte, ha reiterado que se destinarán fondos de la reconstrucción de Europa para la adquisición de derechos de agua en el Alto Guadiana, con el fin de recuperar gradualmente la sostenibilidad de las masas de agua subterráneas, especialmente en el ámbito del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
En otoño de 2012, la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente, que incorporó un nuevo procedimiento que permitió a los agricultores transferir sus derechos sobre el agua a cambio de ceder una parte del mismo para lograr un equilibrio más sostenible en la explotación de Las Tablas de Daimiel. Entonces, el Estado destinó 66 millones de euros a estas adquisiciones, dentro del Plan Especial del Alto Guadiana. En principio, el PEAG exigía que quienes quisieran vender sus derechos de agua debían demostrar que los habían usado para regadío al menos en los tres años anteriores a la compra, con el objetivo de ahorra 13,5 hectómetros cúbicos por año.
