El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside este miércoles, 14 de julio, en jornada de mañana y tarde, el Consejo Consultivo de Política Agraria y la Conferencia Sectorial de Agricultura, en la que el ministerio propondrá a las consejeras y consejeros de las comunidades autónomas las líneas para elaborar el Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pide a Planas que revise y modifiquen la Propuesta de acuerdo para la elaboración del Plan estratégico de la PAC desde 2023 hasta 2027, en el marco de la Conferencia Sectorial que se celebrará este miércoles.
La organización agraria explica que el objetivo de esta revisión es configurar el acuerdo definitivo de forma que, junto a la reforzada ambición ambiental establecida a nivel de la Unión Europea para la PAC (el equivalente al 25% del límite máximo de ayudas directas del Estado anuales y el 35% de los fondos europeos con fines de desarrollo rural 2023 hasta 2027), garantice el apoyo a una renta viable y que la las estabilidad de los agricultores y ganaderos profesionales no se vean comprometidos por las erráticas propuestas que contiene la propuesta inicial del ministerio.
Con el fin de paliar los elevados impactos negativos a la renta del campo que el nuevo modelo de PAC les puede ocasionar (de entre un 20% y hasta más del 80% respecto a las ayudas a la renta percibidos de la última solicitud de ayudas liquidada 2020), Unión de Uniones considera esencial que el Estado haga uso de las siguientes opciones facultativas a incluir en el Plan estratégico de la PAC de España 2023 a 2027.
Así, Unión de Uniones pide que se defina como agricultor activo aquel que obtiene al menos un 25% de los ingresos totales de actividades agrarias y que la franquicia exenta de cumplirlo se sitúe en 1.250 euros. Al mismo tiempo, también se insta a que en las ayudas asociadas a la producción se prevean tramos específicos diferenciados para las Explotaciones Agrarias Prioritarias, en manos de los productores profesionales, que tienen grados relevantes de impacto económico por la vía de la convergencia de los nuevos derechos de ayudas a la renta y la reducción del 60% de las actuales agro-regiones, como tipos específicos de explotación que es importante por razones económicas y sociales, teniendo en cuenta que también deben contribuir primero a las reducciones del 29,87% del nuevo modelo UE / España de la PAC.
Finalmente, Unión de Uniones también pide que, en el caso de los eco-esquemas, se incluya la opción, ahora excluida a la propuesta que se fundamenta casi exclusivamente en compensar los sobrecostes o lucros cesantes, los pagos por el mantenimiento de la biodiversidad, para poder hacer uso también de la opción de conceder pagos adicionales a las ayudas a la renta para determinadas zonas, como el Delta del Ebro o las zonas de Especial Protección (ZEPA) en zonas agrarias de la Red Natura 2000 que contribuyen de forma clave en la preservación de la biodiversidad y que la propuesta inicial del MAPA pone en riesgo su continuidad.
