El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Extinción de Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla-La Mancha y su remisión a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria, decisión de la que ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
El objetivo principal de esta norma, que se ha elaborado desde el diálogo y la colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, es regular el procedimiento para el cambio de uso de los recursos y del patrimonio de las cámaras provinciales que será gestionado por la Junta de Comunidades.
Este patrimonio consiste, por un lado, en 3.526 parcelas rústicas que suman unas 5.600 hectáreas y que “serán el germen del futuro Banco de Tierras Público de Castilla-La Mancha para facilitar la incorporación de personas jóvenes al campo, especialmente la de aquellas que no tienen terrenos o parcelas en propiedad”, ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional.
Además, dicho patrimonio consta de cerca de 400 inmuebles o solares que podrán ser cedido en uso o propiedad a las organizaciones profesionales agrarias o los ayuntamientos siempre que lo destinen a usos relacionados con la agricultura o la ganadería.
En cuanto a los activos dinerarios que ascienden a 1,8 millones de euros, Blanca Fernández ha explicado que se destinarán a inversiones en infraestructuras rurales en las provincias en las que se ha generado, fundamentalmente en caminos rurales.
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
La Ley también dejará sin efectos la tutela administrativa de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que, tal como ha explicado la consejera, impedía que en algunos pueblos de colonización se pudieran heredar determinados bienes porque se habían recibido a veces en propiedad y en otras ocasiones en cesión de uso, lo que ha impedido a lo largo del tiempo escriturar esa propiedad como heredada.
“Esta Ley viene a eliminar esas tutelas de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de manera que los huertos familiares podrán transmitirse de generación en generación y también otro tipo de bienes, que se crearon en su día para una serie de usos, podrán ser utilizadas para otros que responden a las necesidades actuales”, ha afirmado Blanca Fernández.
Esta medida afecta especialmente a la zona de Talavera de la Reina, Alberche del Caudillo y Talavera la Nueva, y es una reclamación que muchas familias vienen haciendo históricamente.