El alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que “tome las decisiones oportunas” para garantizar la conservación del Parque Nacional de Las Tablas que, en estos momentos, tiene solo un 3% de su superficie encharcable con agua, según los datos que maneja el primer edil. Esta situación, con solo 65 hectáreas inundadas de las 1.780 que podrían estarlo, evidencia que el ministerio ha vuelto a “suspender los deberes del curso”, a juicio de Sierra.
El alcalde ha insistido en que más allá de la responsabilidad que puedan tener otras instituciones o los municipios del entorno es el Ministerio el que “no está haciendo las cosas bien” y el que carece de “un plan de contingencia que asegure un encharcamiento estable”.
Trasvase
Al tiempo que pide ese “plan de trabajo” que evite esta misma situación en próximos veranos, Sierra sigue apostando por la necesidad del trasvase que avalaron en la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, la mayoría de los representantes del Patronato de Las Tablas o el Ayuntamiento de Daimiel en Pleno.
El alcalde daimieleño entiende que la evolución del Parque ha demostrado que la activación de los pozos de emergencia no ha servido, y que debería utilizarse la Tubería a la Llanura Manchega para optimizar esa derivación, aunque desde el Ministerio ya se ha descartado. “En esta situación de emergencia, y antes de que se utilice para otra cosa, vamos a utilizarla para el trasvase”, señala.
Y junto a las consecuencias medioambientales de este deterioro progresivo del parque, el alcalde ha recordado que Las Tablas son “un gran atractivo turístico” para la economía local, comarcal y provincial. Sierra alertaba que, probablemente, este año no se llegue a 100.000 visitantes, cuando “normalmente venían 200.000 personas que se repartían por toda la provincia”. Con su estado actual, Sierra lamentaba la imagen de “secarral” en el que se ha convertido un espacio declarado Reserva de la Biosfera (1981), Humedal de Importancia Internacional por el Convenio de Ramsar (1982) y ZEPA (1988) y repetía, “¿qué está haciendo el Ministerio para evitarlo?”.
