PP reclama medidas para evitar que subida tarifa eléctrica acabe con agricultura y ganadería

Desde el Partido Popular advierten sobre una posible dependencia alimentaria de España

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley para paliar el  impacto  que  está  teniendo  la  nueva metodología  de  cálculo  de  los  costes  eléctricos  sobre  la  agricultura  de  regadío; que, según los cálculos de algunas organizaciones agrarias, habría encarecido la factura eléctrica un 1000% en los últimos años, lo que supone un incremento de costes de producción hasta del 50 por ciento.

En este sentido, la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, recuerda que el Gobierno del Partido Popular aprobó en marzo de 2018 por Ley la posibilidad de la doble facturación eléctrica en regadíos, lo que supone que el sector pueda pagar en función del consumo energético en cada momento del año.

Marcos señala que las organizaciones agrarias han acudido al Defensor del Pueblo para exigir al Gobierno que regule y aplique dichas propuestas.

Según los populares esa supuesta inacción, unida “al olvido de financiación para  los  regadíos  y los  nefastos cambios introducidos en el cálculo de los costes eléctricos” por el Gobierno de la Nación, llevaron al Partido  Popular  hasta  en  dos  ocasiones,  en  los  últimos  tres meses, a debatir en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados  esta  misma  propuesta.

La negativa de los grupos que sustentan al Gobierno a adoptar las medidas  que  proponía  el  PP  ha  impedido  que  el problema este resuelto, según los populares. Hoy la energía supone ya cerca de la mitad del coste de la producción agrícola y ganadera en cualquier explotación de regadío, por lo  que el  encarecimiento exponencial de la factura de la luz saca a nuestros productos del mercado al costar mucho  más  producir en  España  que  en  cualquier otro país.

En esta situación, consideran que España pierde competitividad  respecto  a países  europeos con   los  que compite,  con la  consiguiente reducción de exportaciones y aumento de las importaciones “Si no se cambia el rumbo tendremos dependencia alimentaria, comeremos  lo  que nos  quieran  vender  y  pagaremos  lo  que  nos  quieran  cobrar otros”, advierte.

“Una vez más la agricultura paga el pato del desgobierno de Sánchez”, asevera Milagros Marcos, quien afirma que “si se triplica el precio de la factura de la luz en época de riego con temperaturas superiores a  los 30  grados no  hay  cultivo  que resista sin agua, ni habrá productor que pueda soportar el coste de regar sin perder dinero”.

Para evitarlo y ayudar a los agricultores a poder seguir desarrollando su actividad sin perder dinero, el GPP ha registrado, por tercera vez la Proposición no de Ley. En ella se insta al Gobierno, textualmente, a lo siguiente:

  1. Promover y regular con carácter inmediato la doble facturación eléctrica prevista en  la  Ley  1/2018  a  fin  de poner  en  marcha  un  modelo  de  tarifación  favorable  y  adaptado a las especiales características del sector agroalimentario español y con ello incentivar la incorporación de jóvenes y asegurar la rentabilidad de la actividad económica a él vinculada, como motor fundamental de la economía del medio rural.
  2. Adoptar las medidas necesarias para evitar incrementos de facturación eléctrica en tanto se aprueba la nueva normativa
  3. Potenciar la implantación  de  energías  renovables  en  el  mundo  rural  como mecanismo   de   reducción   de   emisiones,   ahorro   de   costes   y,   por   tanto, complemento de los ingresos de los agricultores y ganaderos.
  4. Desarrollar las acciones necesarias para un adecuado desarrollo reglamentario para evitar impacto negativo en las explotaciones del agro español de las previsiones legales de la inminente  Ley  de  Cambio  Climático  y  Transición Energética  y  del  anunciado  Fondo  para  la  Sostenibilidad  del  Sistema  Eléctrico Nacional.
  5. Incorporar la financiación de nuevos regadíos y modernización de los existentes a   los   planes   para   la   reconstrucción   económica   de   España   post   Covid, especialmente  en los  Fondos  Next  Generation  EU  a  fin  de  cumplir  con  los compromisos previstos en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca.

 

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