Castilla-La Mancha va a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que la condicionalidad laboral, que garantiza los derechos de los trabajadores del campo, y sacar del foco a los agricultores y ganaderos, que se aplique “lo antes posible”, a partir de 2023, con la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC).
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha trasladado tras el encuentro formal de trabajo mantenido en la Consejería con el nuevo secretario general de UGT en la región, Luis Manuel Monforte.
Un encuentro en el que se ha analizado la situación del sector, y en el que se han abordado asuntos como éste, además del desempleo o los avances en materia de agua. Y es que UGT es uno de los miembros de la Mesa Regional del Agua y firmante del acuerdo en defensa de los intereses de los castellanomanchegos en esta materia.
Martínez Arroyo ha recordado que la condicionalidad laboral es una novedad, que ha sido “peleada” por Castilla-La Mancha desde el principio, para que se incluyeran en el nuevo periodo de esta política europea los intereses de los trabajadores del campo “y es la primera vez que va a suceder”.
Este concepto implica, ha explicado, “que cuando no se cumpla la normativa laboral en la contratación de trabajadores del campo, los agricultores y ganaderos no cobrarán las ayudas de la PAC”.
De esta forma, Martínez Arroyo ha resaltado que se va a solicitar que sea “sencilla, que no genere mayor burocracia”, pero, muy importante, que genere la garantía para agricultores y ganaderos que “la mayoría cumplen y deben estar fuera del foco del incumplimiento en materia laboral”, y para los trabajadores agrícolas y ganaderos que “van a tener mejor garantizados sus derechos a partir de ahora”.
El consejero ha insistido en la inclusión de la condicionalidad laboral en la nueva PAC es “un éxito de todos” y “Castilla-La Mancha puede sentirse orgullosa porque ha defendido la condicionalidad laboral desde el principio”.
