El Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC), que se encuentra en periodo de información pública, hace referencia a la condicionalidad social, contemplando que todos los agricultores que reciban algún Pago Directo o de algunas de las intervenciones de desarrollo rural, así como las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales del POSEI en las Islas Canarias, se verán obligados al cumplimiento de diversas disposiciones para no ver reducidas sus ayudas relacionadas con unas condiciones laborales transparentes y previsibles; medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo y a unas condiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo.
Para la implantación de este nuevo sistema se desarrollará un procedimiento para el cruce de información entre los entes responsables de los controles y los Organismos Pagadores sobre las infracciones y sanciones de las citadas directivas laborales con el fin de que esté operativo en 2024.
Asimismo, los sistemas de asesoramiento a los agricultores deberán incorporar información y asesoramiento sobre las condiciones de empleo y las obligaciones de los empleadores, así como aspectos relativos a la salud, seguridad y protección social en el ámbito agrario.
