Mejorar y optimizar la gestión del agua, el servicio a la población y el medio ambiente. Estos son los tres objetivos principales del proyecto de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha que este martes ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno y que ahora se remite, como había comprometido el Ejecutivo, a las Cortes regionales para su aprobación en el primer trimestre de 2022.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha informado en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, incidiendo en la importancia de que esta normativa cuente con la unanimidad de todos los grupos políticos en las Cortes regionales. “Unanimidad, mostrando su compromiso y posicionándose en la defensa de los intereses de la región y en el cumplimiento de las normativas medioambientales a las que la Comunidad está obligada”, según ha destacado el consejero.
Una Ley, ha señalado Martínez Arroyo, que emana del acuerdo de la Mesa regional del Agua y del documento de posición común en esta materia, suscrito con medio centenar de entidades de la sociedad civil y los partidos políticos.
Esta normativa sustituirá a la de 2002 y adaptándose a las exigencias medioambientales estatales y europeas y situando “el agua como elemento para el desarrollo”, ha afirmado el consejero.
