El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha admitido este jueves las dificultades para aplicar el apartado de la Ley para la mejora de la Cadena Alimentaria, que obliga a remunerar en los contratos los costes de producción del agricultor o ganadero.
La secretaria general técnica del MAPA, Paloma García-Galán, ha manifestado que esa novedad es una de las cuestiones que «más quebraderos de cabeza» ha dado a la hora de reformar dicha ley, durante su intervención en el I Congreso Jurídico del Derecho del Sector Agroalimentario en el Colegio de Abogados de Madrid.
García-Galán ha destacado los pormenores de la Ley de la Cadena Alimentaria -cuyo objetivo es mejorar las relaciones entre agricultores, industria y distribución- entre las cuestiones jurídicas de mayor alcance agroalimentario.
En concreto, se ha referido a la obligación de que en los contratos se incluya el requisito de que los agricultores y ganaderos sean remunerados por los «costes efectivos» de producción, con el fin de que obtengan un rendimiento empresarial.
Ha subrayado que dicha novedad ha generado mucha controversia jurídica, es un concepto «difícil de aplicar y determinar».
No obstante, el Gobierno trabajará para impulsar la mejora del reparto del margen de beneficio y ha empezado a avanzar más en los contratos en ámbitos como el lácteo o ganadero, ha añadido.
García-Galán ha señalado que, en general, el Derecho agroalimentario tiene particularidades en un sector «rígido», con productos perecederos y desigualdad en cuanto a la concentración de los operadores si se comparan el inicio de la cadena (agricultor) y el final (distribución).
Además, la producción está «tremendamente desregularizada» a escala internacional por los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio, ha añadido.
Esto dificulta la aplicación de medidas proteccionistas y la rentabilidad de productores primarios, con «costes laborales muy superiores» ante los cuales, según la representante del MAPA, los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) no bastan.
Asimismo, con la guerra de Ucrania se habla de una vuelta a la «soberanía nacional», ante la estrechez de oferta de las importaciones, según García-Galán.
El congreso reunirá hasta el viernes a expertos de la Comisión Europea, del Gobierno, de las autonomías y juristas para analizar los principales frentes legales del sector.
Entre ellos, García-Galán y el presidente de la sección de Derecho agroalimentario del Colegio de Abogados madrileño, Manuel Lamela, han citado el desarrollo de la legislación española para aplicar la nueva PAC, que entra en vigor en 2023.
Dicha normativa incluye un proyecto de ley sobre las sanciones de la PAC, que en breve llegará a las Cortes Generales, y la aprobación de 19 reales decretos. EFEAGRO
