ASAJA considera que los cambios introducidos por el Real Decreto Ley 13/2022 de 26 de julio, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, no están adaptados a agricultores y ganaderos y va a suponer un nuevo incremento de costes y más carga burocrática para el sector agrario.
Desde León, la organización agraria señala que “no va a tener un gran impacto económico entre los agricultores y ganaderos que cotizan a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o de los que dentro de este régimen lo hacen en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).
No obstante, considera que cada año la mayoría de los agricultores y ganaderos verán corregida su base y cuota de cotización, al alza o a la baja, cuando la Agencia Tributaria comunique a la Seguridad Social el rendimiento neto obtenido en la declaración del IRPF, y ello debido a que los ingresos de la agricultura son poco estables, son impredecibles, al depender en gran medida del tamaño de la explotación, del resultado de las cosechas, del coste de los medios de producción, de los mercados, del momento en el que se efectúen las ventas, y de las inversiones que se hayan hecho, entre otros muchos factores.
En definitiva, los agricultores y ganaderos no sabrán, a principios de año, cuales van a ser sus ingresos netos, y por lo tanto, a año vencido, y con retroactividad, procederá corregir la base de cotización y por lo tanto la cuota a pagar.
Unió de Pagesos
Por su parte, Unió de Pagesos considera “inconstitucional y contrario a la ley” el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y por el que se mejora la protección por cese de actividad.
El sindicato agrario denuncia que el texto publicado en el BOE supondrá una discriminación y una regresión paulatina en las prestaciones sociales como las de jubilación, invalidez y viudedad, entre otras, de hasta un 30,25% por alrededor del 70% de las personas titulares de las explotaciones agrarias catalanas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Un porcentaje éste, que se traduce en que, en Catalunya, la medida afectaría a más de 7.000 personas. Sin embargo, estos cambios no afectarán a las personas inscritas en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) del RETA.
Desde el sindicato denuncian que, como parte interesada, no ha recibido ningún tipo de consulta, como tampoco lo ha hecho a nivel estatal la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a la que está confederada.
