La orientación de la Política Agraria Común (PAC) sigue siendo «enteramente válida» en el contexto actual, marcado por las turbulencias en los mercados agrícolas, aunque deben flexibilizarse determinadas normas de producción.
Así lo considera el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que en declaraciones a Efeagro precisa que la invasión rusa de Ucrania ha disparado los costes energéticos, de materias primas y de fertilizantes.
Distintas organizaciones de productores han pedido que se dejen de lado las exigencias ambientales de la nueva PAC para preservar la productividad en ese contexto, si bien el ministro es partidario de «mantener el rumbo estratégico, pero adaptando las necesidades actuales en las normas vigentes».
«La Unión Europea tiene que responder a esta situación no cambiando la orientación general de esta PAC, que es enteramente válida, como también lo es el contenido de los planes estratégicos, pero sí flexibilizando determinadas normas en materia de producción», ha destacado el ministro.
Planas ha recordado que España fue uno de los primeros países europeos en solicitar la flexibilización de prácticas relacionadas con el uso de superficies de interés ecológico y la rotación de cultivos, excepto en el maíz y la soja (usados para alimentar animales), con vistas a incrementar la superficie de cereales y oleaginosas en el país.
En julio pasado, la Comisión Europea adoptó la suspensión durante 2023 de las normas de la Política Agrícola Común que exigen la rotación de cultivos y el mantenimiento de tierras en barbecho, de modo que se volverán a poner en producción 1,5 millones de hectáreas en la UE, mientras se mantienen los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Asegurar el rendimiento económico
La nueva política agraria que se pondrá en marcha entre 2023 y 2027 permite a los Estados de la Unión Europea recuperar capacidad de planificación a cambio de mantener una estrategia común europea.
«La estrategia de esta PAC está bien clara: asegurar el rendimiento económico a las explotaciones, porque no hay sostenibilidad sin rentabilidad», manteniendo además la sostenibilidad ambiental y social, apunta el titular de Agricultura.
España dispondrá en el nuevo periodo de ayudas por valor de 7.200 millones de euros anuales para repartir entre los productores, y el presupuesto total en ese periodo será de 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000 si se suman las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural.
El 43 % de los fondos se dedicarán a objetivos ambientales a través de los llamados ecoesquemas, fomentando las cubiertas vegetales, la agricultura de conservación, los espacios de biodiversidad y otras prácticas sostenibles.
Además, se incrementará la dotación para favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, y se impulsará la innovación y la digitalización.
