La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cuestiona el contenido de la propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza que este martes se somete a votación en la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.
Indican que el contenido es “vago e impreciso” y no concreta cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones, vitales para el mantenimiento de la biodiversidad en nuestros campos y liderar una transición verde justa. Son loables los objetivos que señala como “la necesidad de más empleos relacionados con la agricultura en las zonas rurales para preservar la biodiversidad”, sin embargo, la propuesta carece de las medidas necesarias para alcanzarlos.
Es “injusta e hipócrita”. Los criterios de la actual PAC (más exigencias medioambientales con menos presupuesto y recursos) y los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países, no confieren el contexto necesario para una transición verde real, dado que los agricultores y ganaderos no reciben el apoyo necesario para poder adaptarse. “Pedir elementos paisajísticos de alta diversidad en las tierras agrícolas” es un mero brindis al sol que se queda en una política de escaparate si no va acompañado de un giro de 180 grados en las políticas comerciales y de regulación de mercados de la UE para evitar una competencia desleal de las importaciones y garantizar una estabilidad de precios e ingresos a nuestros productores. Sin sostenibilidad económica de las pequeñas y medias explotaciones no tendremos sostenibilidad ambiental”, ha afirmado Andoni García, responsable de Organización y Medio Ambiente de la Ejecutiva de COAG.
No responde a las necesidades del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario (por el momento) en Europa. Aunque esta propuesta busca preservar la vida silvestre y los ecosistemas, no incluye ninguna medida para proteger el modelo social y profesional de agricultura y no propone ningún freno al proceso de uberización del campo. No se puede atajar un síntoma sin abordar las causas profundas. En España, el 7% de las grandes corporaciones y fondos de inversión ya acaparan el 45% del valor de la producción final agraria, acaparando las mejore tierras de cultivo, un freno para el acceso y la incorporación de jóvenes al sector agrario.
No se ha contado con los afectados y aumenta la carga burocrática. Los distintos actores del sector y de la cadena agroalimentaria deben asumir equitativamente la responsabilidad de alcanzar los objetivos, y los hombres y mujeres del campo deben poder participar de forma efectiva en el proceso para definir de qué manera se lleva a cabo. Asimismo, no cabe aumentar aún más la carga administrativa sobre las producciones ya que esto ejerce una presión desmesurada sobre los pequeños y medianos agricultores sin afectar a las grandes corporaciones.
