La decisión de Agroseguro de aplicar importantes subidas en las tasas de seguro de cultivos herbáceos ha encendido las alarmas en la agricultura de todo el país y, especialmente, en la de Castilla y León, que es la comunidad autónoma con más superficie asegurada.
A pesar de la oposición del sector y de las comunidades autónomas, el Plan 2023 entrará en vigor para la próxima campaña de contratación, que se iniciará este otoño, dado que Agroseguro contó para su aprobación con el respaldo de ENESA, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Dirección General de Seguros.
La Junta Directiva de ASAJA Castilla y León ha analizado el impacto que esta revisión tendrá para las tarifas del seguro de herbáceos extensivos de Castilla y León, que supondrá una subida media del 35% (pasando de 22€/Ha a 30 €/Ha).
Aunque, como advierte ASAJA, “las medias son engañosas, puesto que, mientras en unas pocas comarcas no subirán nada, en otras comarcas de Castilla y León los incrementos superarán el 100%”.
Riesgo como la sequía
El motivo que aduce Agroseguro es que en determinadas comarcas las tasas actuales son insuficientes para cubrir un riesgo como la sequía, que incide cada vez con mayor frecuencia e intensidad y en zonas muy extensas.
ASAJA argumenta que, si bien es cierto que esta última campaña se han multiplicado las indemnizaciones, “el agricultor es víctima y no culpable de tener que dar partes por sequía. Y en muchos casos las mayores subidas que se quieren aplicar son en comarcas en las que los agricultores tenían ya muy difícil asumir el coste del seguro”.
ASAJA estima que las subidas aprobadas para la próxima contratación “deberían haberse aplicado escalonadamente, y no de golpe un año en el que precisamente el sector está hundido”, tras una pésima cosecha y los altísimos costes de producción que se tuvieron que asumir, y que obligaron a muchas explotaciones a endeudarse.
También hace notar la organización agraria la “triquiñuela» de Agroseguro, al aprovechar la revisión a la baja del Ministerio de Agricultura en los precios de aseguramiento de cereales, girasol y colza, que momentáneamente aligerará el coste del seguro, pero que significará una menor indemnización para el agricultor en caso de siniestro.
ASAJA pide que la subvención pública al seguro llegue hasta el máximo permitido por Bruselas, el 70%, dando prioridad a los agricultores profesionales, los que viven al cien por cien del campo, para los que “suscribir el seguro es tan imprescindible como tener un tractor. Es un pequeño colchón que, en caso de siniestro, permite seguir produciendo”.
