FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas) considera “inadmisibles e injustificados” los actos de protesta que los agricultores franceses han seguido protagonizando contra las producciones hortofrutícolas españolas, impidiendo la libre circulación de camiones y destruyendo mercancías, mientras que olvidan las producciones de países terceros, y en especial, de Marruecos, siendo Francia el principal país de entrada de frutas y hortalizas marroquíes, con el 50% del total importado por la UE en 2022.
Para FEPEX, es «inadmisible» que los agricultores galos continúen culpando y perjudicando a las producciones españolas, sometidas a la misma normativa comunitaria, mientras que es Francia el mayor importador de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos.
Importación comunitaria de frutas y hortalizas marroquíes
En 2022, la importación comunitaria de frutas y hortalizas marroquíes se sitúo en 1.540.851 toneladas, de las cuales 776.839 toneladas, el 50%, fueron importadas por Francia, según Eurostat. Francia, es, además, el segundo Estado miembro que más importa de países extraeuropeos.
FEPEX pide a las autoridades galas que actúen para garantizar la libre circulación de mercancías y no contribuyan a debilitar el mercado único. Cabe recordar que España también importa frutas y hortalizas de Francia y en concreto 809.239 de toneladas sólo de patata en 2022.
Los productores españoles sufren los mismos problemas que los franceses, según FEPEX. De hecho, coincide en los tres ejes de las demandas que ha planteado la FNSEA, principal organización convocante de las protestas, publicadas el jueves: “la dignidad de los agricultores en su ejercicio”, “la justa remuneración de su trabajo” y “la necesidad de restablecer condiciones aceptables para el ejercicio del oficio”, explicando en este tercer punto, que hay una acumulación de normas, una falta de reflexión sobre la soberanía alimentaria y falta de decisiones coherentes con los discursos.
Por ello, FEPEX considera prioritaria una reforma sustancial de la política comunitaria especialmente en el ámbito fitosanitario, mientras no se apliquen medidas de reciprocidad verificables en los países terceros proveedores de la UE.
