El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado un informe sobre el Plan Estratégico de aplicación de la PAC (PEPAC), que antes del 30 de junio (como establece la normativa), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado a la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Publicado un informe sobre derechos de la PAC, base para el futuro del sistema a partir de 2027
ASAJA
Desde ASAJA lamentan que el documento, que debía sentar las bases para decidir si continuar o no con el sistema de derechos tras alcanzar la convergencia plena en 2029, se limita a describir el estado actual del sistema y a posponer cualquier decisión a la espera de la futura PAC post-2027.
Rechazan que en lugar de aprovechar la ocasión para abrir un debate público, técnico y sectorial sobre qué modelo de agricultura “queremos construir”, se ha optado por una aproximación tecnocrática, donde lo que importan son los datos administrativos, “no las vidas que hay detrás”.
Añaden que apenas se vislumbra una reflexión estratégica sobre el modelo agrario que necesita España en los próximos años. “Y eso, en un momento tan delicado como el actual, es grave”.
Sistema de derechos
Indican que el sistema de derechos no es una cuestión menor: condiciona la estructura productiva, el acceso a la tierra, el relevo generacional y la rentabilidad de miles de explotaciones. Y, sin embargo, el análisis “pasa de puntillas” por cuestiones como el mercado de la tierra o los efectos del sistema sobre los pequeños agricultores. Menciona factores sociales y económicos, sí, pero sin profundizar ni proponer.
Por ello, desde la organización agraria se preguntan ¿Dónde está la consulta al sector?, ¿Dónde está la visión de futuro?, ¿Dónde se recoge la voz de los jóvenes agricultores que intentan incorporarse en condiciones cada vez más difíciles?
Acaban señalando que “el Ministerio ha decidido esperar a que Bruselas hable, cuando lo que toca es liderar un planteamiento nacional con visión propia”.
El resultado es un documento que, siendo exhaustivo en cifras, resulta completamente “insuficiente en estrategia”.
“Un texto que habla del equilibrio presupuestario pero no de justicia social; que menciona la convergencia de valores sin preguntarse para qué o a quién beneficia; que calcula derechos, pero ignora derechos humanos: el derecho a producir, a vivir del campo, a planificar con certezas”, señalan.
