Lola Merino denuncia que la nueva planificación hidrológica es un “ataque sin precedentes” a Castilla-La Mancha

La diputada regional del Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa en Daimiel

Lola Merino

La diputada regional del Partido Popular, Lola Merino, ha advertido este martes en Daimiel del “grave perjuicio” que, a su juicio, supondrá para Castilla-La Mancha la nueva planificación hidrológica impulsada por el Gobierno, al considerar que representa “un ataque sin precedentes” contra agricultores, ganaderos y regantes de la región.

Durante su comparecencia, Merino aseguró que la planificación hidrológica publicada en el Boletín Oficial del Estado establece “un recorte drástico de las dotaciones de riego y de las superficies regables”, lo que, según afirmó, obligará a numerosas explotaciones agrarias a pasar de regadío a secano.

“La sostenibilidad de la que habla el Gobierno es una mentira. Esto no va de sostenibilidad, sino de hacernos insostenibles”, señaló Merino, quien denunció que la reducción del acceso al agua compromete no solo la viabilidad del sector primario, sino también el futuro económico y demográfico de los municipios rurales.

La diputada popular ha subrayado que el agua es un recurso esencial para garantizar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha. “Nos quitan el agua para regar y, por tanto, nos quitan el agua para vivir y desarrollarnos, mientras otros territorios planifican cómo crecer y generar riqueza”, afirmó.

“Detrás de cada hectárea que se quedará sin regar, de cada explotación a la que le cerrarán el pozo y de cada joven al que se le niega incorporarse al sector agrario, hay una decisión política”, ha remarcado.

Asimismo, ha recordado que desde el Gobierno regional se prometió en 2019 la regularización de 1.600 pozos de explotaciones prioritarias y once años después, “no se ha regularizado ninguno”.

Plan Especial del Alto Guadiana

Merino ha alertado además de la situación de los pozos regularizados en el marco del Plan Especial del Alto Guadiana, que, ha indicado, podrían verse abocados al cierre en 2027 al finalizar sus concesiones si no se adoptan medidas.

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