Marruecos protegerá su ajo fresco de importaciones de producto español

La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (ANPCA) reclama a la Unión Europea que siga el ejemplo y adopte medidas urgentes

La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (ANPCA) ha tenido conocimiento que Marruecos ha publicado una circular referente al establecimiento de un sistema de licencias para la importación de ajo fresco al mercado marroquí.

Esta circular no estaba anunciada ni había sido comunicada al sector español del ajo, que muestra su sorpresa ante el establecimiento de licencias de importación de ajo por parte de Marruecos.

El sector español reconoce que esta decisión puede dificultar las operaciones de venta al mercado marroquí, un destino comercial especialmente valorado por los productores y comercializadores españoles debido a la apreciación que los consumidores de este país tienen por el ajo morado español, un producto diferenciado por su calidad y sus características organolépticas.

No obstante, ANPCA considera necesario analizar esta decisión desde una perspectiva más amplia, reconociendo la capacidad de Marruecos para adoptar medidas de control de las importaciones procedentes de terceros países con el objetivo de defender su mercado interior y su producción nacional.

“Aunque esta medida puede perjudicar nuestros intereses comerciales en Marruecos, comprendemos que un país adopte decisiones para defender a sus productores. Lo verdaderamente preocupante es comprobar cómo Marruecos actúa para proteger su mercado mientras la Unión Europea continúa sin atender las reiteradas demandas de protección del sector productor comunitario de ajo”, señalan desde la Asociación.

Arancel europeo

ANPCA recuerda que la Unión Europea mantiene desde el año 2001 un arancel específico de 1.200 euros por tonelada para las importaciones de ajo procedentes de terceros países fuera de contingente, una cuantía que no ha sido actualizada durante los últimos 25 años.

Durante este periodo, la inflación acumulada ha reducido considerablemente el valor real de este instrumento arancelario y, por tanto, su capacidad disuasoria frente a las importaciones procedentes de países con costes de producción significativamente inferiores a los europeos.

A esta pérdida de eficacia debe añadirse el importante incremento experimentado por los costes de producción del ajo comunitario, especialmente en conceptos como la mano de obra, la energía, los fertilizantes, los productos fitosanitarios, el agua y la maquinaria agrícola.

Para ANPCA, resulta “difícilmente justificable” que la Unión Europea mantenga inalterado durante un cuarto de siglo un instrumento concebido para proteger su mercado, mientras los productores europeos deben asumir unos costes crecientes y unas exigencias normativas cada vez mayores.

“Un arancel que permanece congelado durante 25 años no ofrece hoy la misma protección que cuando fue establecido. La inflación ha reducido su capacidad disuasoria y, mientras tanto, nuestros costes de producción no han dejado de aumentar. No podemos seguir compitiendo con las mismas herramientas de hace un cuarto de siglo”, advierte ANPCA.

Marruecos actúa

La Asociación considera que la decisión marroquí pone de manifiesto el contraste entre la capacidad de reacción de determinados países ante las necesidades de sus sectores productivos y la falta de respuesta de las instituciones comunitarias a las demandas planteadas reiteradamente por los productores europeos de ajo.

ANPCA lleva años reclamando a la Comisión Europea una revisión de los mecanismos de protección comercial del ajo comunitario y, especialmente, la actualización del arancel específico aplicable a las importaciones procedentes de terceros países fuera de contingente.

Sin embargo, estas reivindicaciones continúan sin traducirse en las medidas que el sector considera necesarias para garantizar unas condiciones de competencia equilibradas y preservar la viabilidad económica de las explotaciones europeas.

La Asociación insiste en que no se trata de impedir el comercio internacional, sino de garantizar que los productores comunitarios puedan competir en condiciones razonables frente a países que no soportan las mismas exigencias laborales, medioambientales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria.

“No podemos exigir a nuestros agricultores que produzcan bajo los estándares más elevados del mundo y, al mismo tiempo, mantener unas condiciones comerciales que no compensan las diferencias existentes con terceros países. Defender la producción europea exige algo más que declaraciones institucionales: exige decisiones concretas”, manifiesta ANPCA.

El futuro del cultivo europeo de ajo está en juego

La Asociación advierte de que la combinación de unos costes de producción crecientes, una presión normativa cada vez mayor y unos instrumentos de protección comercial que han perdido eficacia amenaza la competitividad y la continuidad del cultivo del ajo en la Unión Europea.

Esta situación resulta especialmente “preocupante” para España, principal país productor de ajo de la Unión Europea, donde este cultivo constituye una actividad económica fundamental para numerosas comarcas rurales y genera empleo tanto en las explotaciones agrícolas como en las empresas de manipulación, acondicionamiento y comercialización.

ANPCA considera que, si no se adoptan medidas urgentes, la progresiva pérdida de rentabilidad puede provocar una reducción de la superficie cultivada, el abandono de explotaciones y una mayor dependencia de las importaciones procedentes de terceros países.

“La Unión Europea debe decidir si realmente quiere mantener una producción propia de ajo o si está dispuesta a incrementar su dependencia exterior. Sin rentabilidad no habrá agricultores y, sin agricultores, no habrá producción europea de ajo”, advierte la Asociación.

Exige una respuesta urgente de la Comisión Europea

Ante esta situación, ANPCA reitera su petición a la Comisión Europea para que acometa de manera urgente una revisión de los instrumentos de protección comercial aplicables al ajo, prestando especial atención a la actualización del arancel específico de 1.200 euros por tonelada establecido en 2001.

Asimismo, reclama que las instituciones comunitarias analicen la evolución de las importaciones, las diferencias en los costes de producción y las consecuencias que la actual política comercial está teniendo sobre la competitividad y la sostenibilidad económica del sector productor europeo.

La Asociación considera que la decisión adoptada por Marruecos debe servir como una llamada de atención a las autoridades comunitarias sobre la necesidad de defender de manera efectiva sus producciones agrícolas estratégicas.

“Marruecos ha demostrado que, cuando existe voluntad de proteger la producción nacional, se pueden adoptar decisiones. Desde ANPCA llevamos años reclamando a Bruselas que actúe. No podemos permitir que la falta de respuesta de las instituciones europeas termine comprometiendo el futuro de un cultivo estratégico para España y para el conjunto de la Unión Europea”, concluye la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo.

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