El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo parcial sobre la futura Política Agraria Común (PAC) tras las intensas negociaciones entre los ministros de Agricultura de los 27 Estados miembros.
Un paso importante en la definición del futuro de las ayudas agrarias europeas para el periodo 2028-2034, aunque todavía quedan cuestiones fundamentales por resolver, especialmente las relacionadas con la financiación.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su satisfacción por el resultado de las negociaciones, al considerar que el texto incorpora las principales prioridades defendidas por España.
La financiación de la futura PAC sigue pendiente
Pese al avance conseguido, el acuerdo tiene carácter parcial, ya que deja fuera algunos de los asuntos más sensibles para el sector agrario, como los aspectos presupuestarios y los límites a las ayudas a la renta vinculadas a la superficie de las explotaciones individuales.
La negociación se enmarca en la elaboración del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para 2028-2034, que determinará los recursos económicos disponibles para las distintas políticas comunitarias, incluida la PAC.
Integración de los actuales fondos comunitarios
Entre las principales novedades de la propuesta europea figura la integración de los actuales fondos comunitarios en un nuevo Plan Nacional y Regional de Asociación (PNRA).
Este modelo contempla que cada Estado miembro elabore un único plan integral que sustituya a los actuales programas independientes destinados a agricultura, cohesión, pesca, migración, seguridad y al Fondo Social para el Clima.
En el ámbito agrario, esta reorganización supondría la integración del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), una modificación de calado respecto a la estructura actual de la PAC.
300.000 millones para ayudas y gestión de crisis
La propuesta presupuestaria contempla reservar alrededor de 300.000 millones de euros para respaldar las ayudas a la renta de los agricultores y las medidas de gestión de crisis durante el próximo periodo de programación.
También incluye una red de seguridad destinada a proteger a las explotaciones agrarias frente a posibles perturbaciones de los mercados y situaciones excepcionales que puedan comprometer su viabilidad económica.
No obstante, estas cifras y mecanismos de financiación deberán concretarse en las negociaciones presupuestarias, por lo que el acuerdo alcanzado todavía no supone la aprobación definitiva de los fondos de la futura PAC.
Mayor flexibilidad para los Estados miembros
Otro de los elementos centrales de la posición del Consejo es la búsqueda de un equilibrio entre el mantenimiento de una política agraria común para toda la Unión Europea y una mayor capacidad de adaptación a las particularidades de cada país.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos de Irlanda, Martin Heydon, ha defendido que el acuerdo permitirá ofrecer a los productores europeos la estabilidad y previsibilidad necesarias para planificar su actividad.
Según Heydon, la futura PAC debe «apoyar a los agricultores en activo, empoderar a la próxima generación y ayudar a los agricultores a hacer frente a los riesgos y las crisis».
En este sentido, el planteamiento del Consejo pretende reforzar la competitividad y resiliencia del sector agrario europeo, garantizar la continuidad de la producción de alimentos y facilitar la incorporación de jóvenes agricultores.
Asimismo, busca preservar un marco común de actuación en toda la Unión Europea, permitiendo al mismo tiempo que los Estados miembros adapten las medidas a sus necesidades nacionales y regionales.
Un primer paso para definir el futuro del campo europeo
El acuerdo alcanzado por los 27 representa un avance en las negociaciones de una PAC que deberá afrontar desafíos como el relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones, la volatilidad de los mercados y la seguridad alimentaria.
Para España, uno de los principales países beneficiarios de la política agraria comunitaria, el resultado supone un primer respaldo a las posiciones consensuadas entre el Ministerio de Agricultura, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y las comunidades autónomas.
Sin embargo, el futuro presupuesto agrario y el reparto definitivo de las ayudas seguirán siendo determinantes para conocer el alcance real de la reforma y sus consecuencias para agricultores y ganaderos.
La posición aprobada por el Consejo constituye, por tanto, un paso adelante en el proceso negociador, pero no cierra el debate sobre la financiación ni sobre el diseño definitivo de la PAC que entrará en vigor a partir de 2028.
