Las organizaciones agrarias han acogido favorablemente la entrada en vigor del mecanismo de regulación del mercado del aceite de oliva, una reivindicación histórica del sector productor que busca frenar las fuertes oscilaciones de precios y evitar que los agricultores tengan que vender por debajo de sus costes de producción.
La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece la retirada temporal del 12 % de la producción mensual de aceite de oliva a partir de noviembre, lo que supondrá inmovilizar inicialmente entre 185.000 y 200.000 toneladas durante la campaña 2026/2027.
El Ministerio de Agricultura establece la retirada del mercado del 12 por ciento del aceite de oliva
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha sido una de las organizaciones que más intensamente ha trabajado para conseguir la aprobación y activación de este instrumento, que considera imprescindible para corregir los desequilibrios de un mercado caracterizado por una elevada volatilidad y por la caída de los precios en origen, especialmente perjudicial para las explotaciones de olivar tradicional.
Su secretario general, Cristóbal Cano, ha destacado la importancia de contar con mecanismos que permitan ordenar la oferta y evitar que los excedentes de producción provoquen desplomes de las cotizaciones. Aunque reconoce que la medida no constituye una solución definitiva a los problemas del sector, confía en que contribuya a recuperar unos precios que permitan cubrir los costes de producción.
«Esperamos que el mercado reaccione a esta retirada de producto y contribuya a que el precio en origen se sitúe por encima de los costes de producción», ha señalado Cano.
El responsable de UPA ha insistido en que la regulación no debe entenderse únicamente como una herramienta para proteger a los agricultores, sino también como un mecanismo que aporte estabilidad a toda la cadena alimentaria, evitando las bruscas subidas y bajadas que terminan perjudicando a productores y consumidores.
«El mercado del aceite necesita estabilidad, para evitar los temidos dientes de sierra que perjudican por igual a productores y consumidores. Esperamos que esta norma contribuya a resolverlo», ha afirmado.
UPA pide controles
Junto a su valoración positiva, UPA ha reclamado que las comunidades autónomas, responsables de las labores de control, extremen la vigilancia sobre las declaraciones de producción de las almazaras.
En particular, ha advertido del riesgo de que se comuniquen cantidades anormalmente elevadas correspondientes al mes de octubre, que queda excluido de la obligación de retirada, con el objetivo de eludir parcialmente la aplicación de la medida.
La organización también ha expresado su desacuerdo con que la resolución no establezca diferencias en función de la calidad del aceite. UPA había defendido que se priorizara la retirada de los aceites de inferior calidad, una propuesta que finalmente no ha sido incorporada por el Ministerio de Agricultura.
Pese a estas limitaciones, considera que la activación del mecanismo supone un avance importante en la capacidad del sector productor para intervenir ante situaciones de desequilibrio del mercado. Además, entiende que puede servir de referencia para desarrollar instrumentos similares en otras producciones agrarias, como los cereales, que también sufren importantes distorsiones de precios.
COAG considera histórica una medida que evitará precios extremos
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también ha celebrado la puesta en marcha de la autorregulación, que califica como un “hito histórico” después de casi una década de reivindicaciones.
Su responsable del sector del olivar, Francisco Elvira, ha defendido que el almacenamiento temporal de parte del aceite en campañas de elevada producción permitirá amortiguar las oscilaciones del mercado y disponer de mayores existencias cuando las cosechas sean más reducidas.
«Esta medida se ha peleado mucho porque estamos convencidos de que aportará la estabilidad que el sector necesita desesperadamente. Beneficia tanto a los consumidores como a los productores», ha asegurado.
Elvira considera que esta herramienta puede contribuir a evitar situaciones extremas como las registradas en campañas anteriores, cuando el precio del aceite llegó a superar los nueve euros en los supermercados, o aquellas en las que los olivareros se ven obligados a comercializar su producción por debajo de sus costes.
COAG subraya que el mecanismo permitirá avanzar hacia un suministro más estable y unos precios razonables para los consumidores, sin comprometer la viabilidad económica de las explotaciones.
ASAJA
Por su parte, ASAJA Córdoba ha valorado la entrada en vigor de la medida como un paso importante y necesario para equilibrar el mercado, aunque ha advertido de que su eficacia deberá comprobarse en la evolución de los precios que reciben los agricultores.
Su presidente, Fernando Adell, ha recordado que el sector llevaba años reclamando esta herramienta y ha insistido en que su aplicación debe traducirse en una mejora real de la rentabilidad de las explotaciones.
«Su puesta en marcha es una buena noticia, pero no es una solución definitiva. Estaremos muy pendientes de su aplicación y de que sus efectos lleguen realmente al agricultor», ha manifestado.
ASAJA ha puesto el acento en la necesidad de acompañar la retirada temporal de aceite con un mayor control de las importaciones, al considerar que la entrada de producto procedente de otros países podría neutralizar el esfuerzo realizado por las almazaras españolas.
«No tiene sentido pedir al sector productor que retire temporalmente aceite del mercado mientras siguen entrando importaciones que pueden contrarrestar ese esfuerzo», ha advertido Adell.
La organización ha destacado especialmente la situación del olivar tradicional y de secano, cuyas explotaciones soportan mayores dificultades para reducir costes y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento del empleo y de la actividad económica en numerosos municipios rurales.
UPA, COAG y ASAJA coinciden en que la activación de esta herramienta representa un avance para conseguir un mercado oleícola más equilibrado y previsible.
Sin embargo, también advierten de que su éxito dependerá de una aplicación rigurosa y, sobre todo, de que la retirada temporal de producto se traduzca en precios en origen suficientes para garantizar la rentabilidad de los olivareros, sin provocar nuevas tensiones para los consumidores.
