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Los datos de la PAC de Castilla-La Mancha, muy seguros

El sistema de seguridad de la información de los datos relacionados con las ayudas de la Política Agraria Común del Gobierno regional pionero en cumplir el Esquema Nacional de Seguridad

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El sistema de seguridad de la información de las actividades de gestión de datos de los ciudadanos que solicitan las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), a través del Organismo Pagador de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha obtenido la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, convirtiéndose así en una de las primeras administraciones públicas que la obtienen.

El Organismo Pagador de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha conseguido esta certificación tras superar la auditoría de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

La certificación de AENOR, entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), garantiza que los sistemas de información, todos ellos de categoría media, y los servicios analizados cumplen las exigencias del Real Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.

Así, la auditoría certifica los sistemas de información que soportan los procesos de negocio y actividades de gestión para las ayudas y pagos de competencia del Organismo Pagador de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los fondos FEAGA y FEADER, en concreto, la solicitud, tramitación, gestión, autorización, control, ejecución del pago y contabilidad.

Con esta certificación se garantiza que los procesos con los que se gestionan los datos de los ciudadanos que solicitan ayudas de la PAC son los correctos frente a cualquier problema que afecte a su seguridad que se pueda presentar y, por lo tanto, que existen los procedimientos concretos, sujetos a las normas y mejores prácticas, para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad del sistema de información.

Se da así un paso más en la decidida apuesta del Ejecutivo castellano-manchego, que comenzó hace 11 años, por garantizar los derechos de los ciudadanos e impulsar el cumplimiento normativo existente en el marco nacional y europeo en materia de administración electrónica.

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