El Gobierno de Castilla-La Mancha, sindicatos y empresarios han rubricado el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2017-2021 que tendrá una vigencia de cinco años y tiene previsión de una dotación presupuestaria de 26,6 millones de euros, lo que supone casi triplicar el presupuesto que contemplaba el anterior Plan.
El documento persigue la reducción de las cifras de siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo. Está dirigido a las empresas y la población trabajadora de Castilla-La Mancha de forma directa, si bien, de forma indirecta, va a repercutir en el conjunto de la sociedad.
Cinco ejes de actuación:
Eje 1, de difusión y divulgación de la cultura preventiva, en el que además de fomentar hábitos saludables, la creación del distintivo de empresa saludable y la formación en prevención en el ámbito educativo, está previsto crear una web institucional específica que facilite la divulgación y la difusión de la actividad preventiva que realizan todos los agentes vinculados a la prevención.
Eje 2, de integración de la prevención en la empresa, tiene como finalidad crear grupos de trabajo sectoriales (construcción, agrario, industria cárnica, sociosanitario, transporte y logística) que fomenten la participación y el diseño de medidas específicas. Unas políticas preventivas que estarán apoyadas por ayudas económicas que favorezcan la actividad preventiva de las empresas.
Eje 3, de los Servicios de Prevención Ajenos, permitirá potenciar la participación de estas entidades especializadas, de cara a que su acción constituya una actividad preventiva real por parte de las empresas. Así, está previsto elaborar un código deontológico de buenas prácticas de la actividad a desarrollar por los servicios de prevención ajenos, entre otras medidas.
Eje 4, de enfermedades profesionales, riesgos nuevos y emergentes, facilitará la detección, prevención y tratamiento de las enfermedades profesionales, en especial los nuevos riesgos que aparecen derivados de la vertiginosa evolución de la tecnología y del propio mercado de trabajo.
Eje 5, contempla el papel de las administraciones públicas en seguridad y salud laboral. Teniendo en cuenta que el 20 por ciento de la ocupación total de la región trabaja en el sector público, 153.200 personas, el 52 por ciento de ellas mujeres, “es necesario contemplar a las administraciones en el Acuerdo, tanto en su papel de empleadores como en el ejercicio de sus competencias, con incidencia en la prevención de riesgos laborales”, ha argumentado Patricia Franco, al tiempo que ha advertido que la accidentalidad laboral es un problema social que “no puede ser tratado exclusivamente en el ámbito de la inspección y la sanción, sino que es necesario un cambio de hábitos en la sociedad, favoreciendo conductas que lleven al establecimiento de una cultura de la prevención”.
