“Las cooperativas apuestan por un desarrollo sostenible y muestran un firme compromiso con el desarrollo local, defienden una forma diferente de gestión económica, de la que nuestra sociedad no debe prescindir”. Así lo ha indicado hoy la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el debate del Proyecto de Ley de Microempresas Cooperativas en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Las primeras palabras de Patricia Franco han sido para agradecer la colaboración del sector de la economía social regional, que “ha contribuido activamente a la redacción del proyecto de ley”. También ha significado que las empresas de economía social “son uno de los ejes prioritarios del desarrollo social y económico de la región, ya que se trata de un sector con más de 2.100 empresas y más de 17.000 trabajadores, de las que más de 1.300 son cooperativas que generan más de 13.000 puestos de trabajo”, tal y como ha explicado.
La norma que hoy se debate en las Cortes incluye dos nuevas figuras: la Sociedad Microempresa Cooperativa y la Cooperativa Rural.
Según ha explicado la consejera, la Sociedad Microempresa Cooperativa tiene como objetivo principal facilitar a los emprendedores, y muy especialmente a los jóvenes universitarios, una nueva forma de autogestión en el proceso de dinamización económica y de creación de empleo.
La sociedad microempresa cooperativa es un tipo cooperativo acotado a las cooperativas de trabajo asociado y de explotación comunitaria de la tierra, que adapta la legislación a entidades menores, para que ningún proyecto empresarial, por reducido que sea, quede sin cobertura jurídica de naturaleza cooperativa.
Por otro lado, la Cooperativa Rural será una cooperativa agroalimentaria que, además de su objeto social propio, desarrolle actividades económicas y servicios relacionados con la sostenibilidad, el impulso y la transformación del medio rural.
“Se trata de que las cooperativas agroalimentarias que, como agentes dinamizadores y transformadores del medio rural, contribuyan a la creación de empleo en sectores que hoy en día están demostrando ser capaces de tirar de la economía, aprovechando la estructura de la cooperativa agraria del pueblo que, generalmente, es la empresa más grande del mismo”, ha explicado la consejera.
En este orden de cosas, ha indicado que este proyecto de ley persigue fomentar la constitución de microcooperativas y cooperativas rurales y su consolidación en un mercado global y competitivo, al que estas empresas aportan un valor añadido en términos de democracia, fomento de la ciudadanía activa, desarrollo rural y urbano, y solidaridad y responsabilidad social.
El nuevo texto normativo aborda una modificación de la Ley 11/2010, encaminada a la supresión de trámites administrativos y simplificación del procedimiento de renovación de los miembros del órgano de administración.
“Necesitamos avanzar hacia una economía más sostenible, más colaborativa, en las que nuevas fórmulas que impulsen nuestro crecimiento tomen protagonismo”, ha asegurado Patricia Franco, al tiempo que se ha mostrado convencida de que “en este escenario, el cooperativismo es un agente económico de primer orden que actúa sobre la creación de empleo y, quizá ésta sea su especialidad, que actúa sobre la construcción de una sociedad más equitativa y cohesionada”.
A juicio de la consejera, las cooperativas son indispensables para democratizar la economía y permiten a la ciudadanía tomar las riendas de su propio destino, organizarse para la consecución de objetivos comunes y asegurar una distribución equitativa de los recursos.
Este proyecto, en definitiva, “se alinea con el objetivo principal del proyecto de Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias que procura un crecimiento homogéneo, es decir, no permitir que salgamos de la crisis creciendo a dos velocidades, sino todos a la par”, ha rubricado.
