UPA denuncia “doble vara de medir” del Gobierno de España con regantes

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, acompañado del secretario general de UPA Ciudad Real, Pascual Ortiz, y de la secretaria de Desarrollo Rural, María Sánchez Seoane, ha explicado en rueda de prensa como el Ministerio de Agricultura está actuando a la hora de resolver los problemas de los regantes “con dos criterios muy distintos, contrapuestos. Discriminando de manera clara a los regantes de la región”. Unos criterios que “imponen a nuestra región la mayor superficie con limitación de uso del agua de España, es posible que la única zona de nuestro país donde existe una limitación a las dotaciones de riego similares”, ha señalado.

Morcillo lamenta que “a la hora de atender los problemas de los regantes del Levante se legaliza por Decreto, se garantizan todos los recursos necesarios a cualquier precio y se hace inversiones en infraestructuras, mientras a los regantes de la región, y se les impone limitaciones y restricciones. Así como el expolio de nuestros recursos hídricos”.

UPA CLM ha denunciado las nuevas restricciones del Gobierno de España contra los regantes de la región en las masas de agua Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas y Sierra de Altomira, donde el régimen de extracciones para el 2018 se ha fijado en 2.200 m3/ha en herbáceos y 1.500 en leñosos, para unas masas que tienen unas dotaciones reconocidas medias de 4.278 m3/ha y que ocupan una extensión de 528.300 hectáreas.

Morcillo ha indicado que a las restricciones hay que añadir que a los regantes se les obliga a instalar equipos de medida en un plazo de un año. “Es decir, instalar contadores y que los paguen los propios agricultores. Un esfuerzo económico adicional para sus bolsillos. La única zona de España y si me apuras del planeta donde se va a obligar. No estamos en contra del control, estamos a favor, pero este control lo queremos para todo el país”.

Por otra parte, de los 10 acuíferos declarados en mal estado cuantitativo en el Alto Guadiana, (de los 11 acuíferos declarados en mal estado cuantitativo en toda la demarcación del Guadiana 10 son de la región), sumando también a los citados Campo de Montiel, Aluvial del Azuer, Aluvial del Jabalón y Campo de Calatrava, “el gobierno de España nos pone una limitación que afecta a 1.557.000 hectáreas”, ha sentenciado Julián Morcillo. “Suponen la imposibilidad de nuevos aprovechamientos; ni siquiera se aprueben pozos para uso doméstico. Ni para beber, ni para el uso mínimo para llenar una cuba de fitosanitarios para tratar nuestros cultivos”.

“Esto no ocurre en ningún sitio de nuestro país. Mientras el Ministerio toma estas decisiones contra los regantes de Castilla-La Mancha, busca recursos para regantes de otras regiones que no ven limitadas sus dotaciones, muchas legalizadas por decreto. En algunos casos expoliando los recursos subterráneos de acuíferos declarados formalmente sobreexplotados, como El Molar en Hellín para derivar agua destinada al regadío de las comunidades de regantes de Águilas, Mazarrón, Pulpí y Puerto Lumbreras. Todas de Murcia”, ha asegurado.

Se trata de dos varas de medir distintas, así como de un claro “trato discriminatorio del Ministerio con esta tierra, mientras a unos le resuelven la regularización de un plumazo vía decreto, luego les consiguen el agua también vía decreto, y les construyen las infraestructuras necesarias, a otros nos aplican restricciones, limitaciones, e incluso se atreven con el expolio de nuestros recursos hídricos”, ha concluido el secretario general de UPA Castilla-La Mancha.

 

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