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8 motivos por los que las mujeres rurales pararán el 8 de marzo. Fademur

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La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha hecho un llamamiento a todo el medio rural a secundar la huelga feminista de trabajo, consumo y cuidados que se va a celebrar el próximo jueves 8 de marzo. Fademur ha convocado a todas sus integrantes a realizar paros de dos horas en sus jornadas para “visibilizar las brechas y discriminaciones que, por razón de sexo, aún existen en los pueblos”.

Las mujeres rurales han señalado que en el mundo rural sufren problemas particulares, “cercanos a los que sufren las mujeres en el medio urbano, pero no exactamente iguales”.

Las mujeres rurales tenemos escasas oportunidades laborales en el medio rural. La tasa de desempleo que sufren las mujeres en los pueblos es del 42,8%. Esta cifra de paro de las mujeres rurales es más de siete puntos superior a la tasa media nacional, e incluso casi cuatro puntos más que la tasa media de desempleo de las mujeres de toda España.

La presencia de mujeres en cargos de responsabilidad del medio rural es injustamente escasa. En los consejos rectores de las cooperativas agropecuarias, por ejemplo, solo el 3,5% de sus integrantes son mujeres, mientras que en su base social las mujeres representan el 25%.

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en explotaciones agropecuarias es reconocidamente abrumadora. Por ello, en 2011 se publicó la Ley de Titularidad Compartida que, debido a la apatía con la que se ha tratado desde los Gobiernos, sigue sin ser una realidad más allá del papel. Así lo demuestra que, siete años después, todavía existen dos Comunidades Autónomas (Andalucía y Madrid) sin un registro para las explotaciones en este régimen y que en el resto de Comunidades, las trabas o la inacción impuesta desde las Administraciones estén impidiendo que las mujeres agricultoras y ganaderas ejerzan sus derechos.

Las trabajadoras por cuenta ajena también sufren en el medio rural una brecha salarial en comparación con los hombres. Una desigualdad que las convierte a ellas en habitantes de segunda categoría y que lastra la promoción social y económica de la mitad de la población.

Debido a las escasas oportunidades que tienen las mujeres de trabajar por cuenta ajena en los pueblos, la mayoría debe autogestionar su futuro laboral emprendiendo su propio proyecto. Para ello, las emprendedoras rurales necesitan conectarse al mundo en las mismas condiciones que la población urbana. Sin embargo, existe una brecha digital entre el mundo rural y el urbano. En el primero, el acceso a la banda ancha y cobertura es insuficiente y, en muchos casos, inexistente según los datos oficiales del último Informe sobre Banda Ancha de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, de los que se desprende que el 60% de los municipios rurales están en zona de sombra: no tienen conexión por banda ancha, o es francamente defectuosa, cuando no muy cara.

Las mujeres rurales vivimos en primera persona la carga y la falta de reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, que junto con la “ayuda” y el “cuidado” se consideran responsabilidades nuestras. Queremos que la conciliación y, sobre todo, la corresponsabilidad, lleguen al medio rural; porque como siempre denunciamos, tenemos dificultades para acceder al empleo remunerado, pero el trabajo, nos sobra.

Las mujeres son la fuerza trabajadora base sobre la que se sustentan las labores de cuidados. El 90% de los permisos y excedencias para cuidar de familiares son pedidos en España por mujeres. El recorte de servicios básicos en los pueblos (como guarderías, residencias de ancianos, centros médicos, transporte, etc.) hace que la cifra de mujeres al cuidado de personas dependientes sea incluso mayor en el medio rural.

La violencia de género, el control físico y mental de las mujeres por parte de los hombres, supone la limitación no solo de su seguridad, sino también de su libertad. Desde Fademur se recuerda al Gobierno “la desidia con la que está manejando este tema”, especialmente reflejada en su desdeño por adjudicar el presupuesto que prometió para hacer efectivo el Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género.

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