Desde hace tres años las cooperativas agrarias venimos padeciendo una serie de pretensiones inaceptables por parte de las Administraciones Públicas en todo lo que concierne al tema de las estaciones de servicio automáticas; derivando a un riesgo cierto de desaparición de las mismas.
A lo anterior hemos de sumar un ataque frontal por parte del gremio de empresarios de estaciones de servicio tradicionales, con la connivencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y los gobiernos de algunas Comunidades Autónomas (CCAA). Consideran a las instalaciones de suministro de carburantes en formato automático-desatendido como una competencia desleal a su negocio, alegando una supuesta destrucción de empleo e inseguridad, cuando, en realidad, son estos empresarios los causantes e impulsores de la implantación de las estaciones automáticas en el medio rural; contexto que lideraron nuestras cooperativas en todo el territorio español hace más de 30 años.
Les explico, el negocio del gasóleo bonificado no interesó al gremio de empresarios agraciados por la adjudicación de estaciones de servicio. Consideraban que no aportaba un margen de beneficios suficiente y abandonaron la venta. Es entonces cuando las cooperativas empezamos a construir gasolineras en nuestras sedes y ubicaciones, ya que teníamos la obligación de solucionar el suministro de carburantes a nuestros socios, un input básico para las actividades agropecuarias.
De hecho, en algunos casos, los agricultores y ganaderos se veían en la tesitura de recorrer grandes trayectos para obtener este factor imprescindible en los procesos productivos. Cabe resaltar, en este sentido, que la actividad agropecuaria y el trabajo de las cooperativas vertebran el territorio, contribuyendo al cultivo de productos esenciales para la alimentación humana, evitando, a su vez, despoblamiento en muchas áreas. A más, las cooperativas dispensan servicios y apoyos estratégicos a los agricultores y ganaderos en toda la geografía española, máxime considerando que hoy día luchamos contra adversidades de toda índole ya sean económicas, climáticas, burocráticas, etc. Es decir, de no existir el sistema cooperativo, los pueblos, comarcas y CCAA se verían abocados a la desaparición inevitable.
Pues bien, insisto, hace tiempo que combatimos contra la presión que suponen unos requerimientos inadmisibles en la normativa que regula las estaciones de servicio automáticas que, en su mayoría, se encuentran ubicadas en cooperativas agroalimentarias.
Las cooperativas, por responsabilidad y como garantes en la prestación de funciones sociales, somos los primeros interesados en velar por la seguridad, tanto de nuestros socios, como de nuestros clientes.
Y es por ello que somos conscientes de la necesidad de mantener las instalaciones minimizando riesgos y maximizando eficiencias. Esto se demuestra con la nula incidencia experimentada, i.e., no constan accidentes en las instalaciones automáticas de carburantes.
Hablando claro, ¡hacemos las cosas bien!
Requisitos desproporcionados que impedirán el servicio
De todas formas, a pesar de lo ya expuesto, algunas CCAA, empujadas por las Asociaciones de Estaciones de Servicio Atendidas y por determinadas Organizaciones Sindicales y Organizaciones de Discapacitados, siguen obcecadas en mantener la obligación de personal presente en las instalaciones, vía normas de consumo o a través de medidas de seguridad desproporcionadas; a todas luces requisitos desproporcionados e injustificados que impedirían la supervivencia del servicio prestado por las cooperativas agrarias.
Ante este escenario, Cooperativas Agro-alimentarias de España nos pusimos en marcha para intentar atajar estas aberrantes exigencias y lo denunciamos a la UE. Ésta requirió al Reino de España rectificar bajo amenaza de posible sanción por exceso de celo. Así pues, la advertencia europea contribuyó a que algunas CCAA hayan retrocedido en esta regulación de personal, pero, para nuestra sorpresa y preocupación, el Estado agilizó la publicación de un Real Decreto que articula la normativa aplicable a las instalaciones de suministro de carburantes -RD 706/2017-, paralizado desde hace seis años, y forzando su aprobación sin contar con algunas de las partes afectadas.
El RD 706/2017 recoge varias exigencias que no existían de inicio, como la limitación de suministro de carburante en cada repostaje a 75 litros y 3 minutos de duración, aduciendo motivos de seguridad. Este extremo significa perjudicar y penalizar con subterfugios nuestro sistema de estaciones automáticas, en beneficio evidente de los que las consideran competencia desleal, aun habiendo demostrado con informes periciales y técnicos que las estaciones automáticas gozan de mayor grado de seguridad que las estaciones que cuentan con personal, a tenor de la serie histórica de incidencias y accidentes. Y a lo anteriormente expuesto hay que añadir otra retahíla de limitaciones injustificadas e improcedentes como el control del viento, la no aceptación de repostaje de carburante en depósitos homologados legalmente hasta ahora (que no excedan de 240l de gasóleo y 60l de gasolina) o la vigilancia permanente de visionado de cámaras de seguridad.
Por otro lado, este RD, que regula la ITC-04, tenía que ir acompañado de una Guía Técnica que en estos momentos aún no está publicada y que orientaría la aplicación del mismo. Pues bien, este documento de consulta se encuentra estancado por la gran batería de alegaciones presentada por Cooperativas Agro-alimentarias de España, en tanto en cuanto el borrador de Guía excedía con creces las exigencias del RD, aplicable desde el 02.11.2018, y estaba trufado de notorias lagunas, generando incongruencias, incertidumbre e inseguridad jurídica.
Apuntar que estamos atentos a cualquier cambio de regulación que se produzca en la Guía o en las diferentes CCAA, denunciando incluso aquellas iniciativas que entendemos perjudiciales al interés de nuestros asociados, a través de la labor de análisis que venimos desarrollando desde el Grupo de Trabajo de Carburantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Es obvio que este tipo de instalaciones automáticas proliferan, y van en alza, en todos los países que conforman la UE, sobre todo en países más avanzados, los nórdicos, sin que nadie dude de la seguridad.
No quiero dejar pasar la oportunidad para subrayar que avanzamos en la seguridad de las instalaciones, pero hay que dejar claro que no permitiremos abusos de celo y por ende intentaremos ganar la contienda llegando, cuando se requiera, a los Tribunales de Justicia. Es obvio que este desafío supone un esfuerzo económico ineludible por parte de nuestras Federaciones por la situación de riesgo existente, pero la causa lo merece.
No son un negocio, sino un servicio
Por último, quiero poner en valor varias fortalezas en pro de las cooperativas agrarias en el sector de suministros de carburantes. Primero, las cooperativas no tienen las estaciones de carburantes simplemente como negocio, sino que son básicamente un servicio esencial al socio y a los habitantes del mundo rural del cual carecen en muchos kilómetros a la redonda. Segundo, las cooperativas contribuyen a la libre competencia fomentando e incentivando una alternativa de elección con una mejor relación calidad-precio; todos conocemos el sistema monopolista que se toleró durante décadas y que incluso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia alerta del posible retroceso a esta situación en sus informes si no se remueven obstáculos.
Dicho esto, esperamos que nuestras autoridades no cedan a las más que posibles presiones y velen por el interés de todo el sector con regulaciones basadas en el sentido común y en facilitar la libertad de elección del mejor servicio que se adapte a las necesidades de nuestros socios y de nuestros clientes. Y en ese empeño estaremos Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones Autonómicas, defendiendo con firmeza a nuestros asociados.
¡No bajaremos la guardia!
Yo, como presidente del Grupo de Trabajo de Carburantes, estoy convencido de que llegaremos a una solución aceptable para nuestro sector cooperativo.
