La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) y Cáritas Diocesana de Ciudad Real han acordado colaborar conjuntamente en la contratación de temporeros en la provincia. Así se ha establecido en una reunión entre Agustín Miranda, gerente de ASAJA Ciudad Real; Antonio Ortiz, representante de ASAJA Tomelloso; Ángel Ruiz-Moyano, secretario general de Cáritas; María del Carmen Ruiz, coordinadora del Programa de Empleo, y María Dolores Olmedo, coordinadora del Programa de Acogida de Cáritas Diocesana. De esta manera, las organizaciones servirán de puente entre los que buscan trabajo y los agricultores que necesitan mano de obra en las campañas agrícolas, y colaborarán conjuntamente en el desarrollo de acciones de sensibilización para mejorar las condiciones de vida de las personas temporeras en la provincia de Ciudad Real.
Esto se definirá, antes del inicio de la próxima vendimia, en un convenio provincial que firmarán ambas partes y que se centralizará, principalmente, en Tomelloso; donde Cáritas cuenta con un servicio de orientación laboral. Con él, ASAJA se compromete a poner en contacto a los demandantes de empleo, cualificados y legalizados, con empresarios agrarios para que éstos puedan formalizar una relación contractual, que respete el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y todas las condiciones laborales recogidas en el Convenio Colectivo del Campo de la provincia de Ciudad Real y normas complementarias. Es más, Miranda asegura que “de media los agricultores están pagando a los trabajadores eventuales 1.300 euros mensuales”.
Desde ASAJA recuerdan que la organización lleva muchos años informando a los agricultores sobre la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos legales y administrativos a la hora de la contratación de temporeros, constatando que “en un grado altísimo hacen las cosas adecuadamente”, e instándoles y recomendándoles a que sigan en esa línea. En este sentido, la organización agraria ofrece a sus asociados todos los servicios de asesoramiento e información necesarios para ello: laborales, jurídicos y de prevención de riesgos laborales, entre otros.
Así, ASAJA se suma a la lucha contra los asentamientos y la figura de los intermediarios en el sector agropecuario. “Un problema social y no empresarial”, insiste Miranda, sobre el que “es importante que se denuncien los casos puntuales que puedan aparecer, para no dañar la imagen pública del sector socioeconómico más importante de la provincia”.
Por último, ambas partes han coincidido en buscar el apoyo de las Administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “porque entre todos podremos, cada uno asumiendo sus competencias, ayudar a erradicar estos problemas”.