El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes una nueva regulación para reforzar la prevención de incendios forestales que afectará directamente a la actividad agraria y forestal de la región, especialmente durante las campañas de verano y en áreas próximas a terrenos forestales.
El texto responde al incremento del riesgo asociado a fenómenos meteorológicos extremos, altas temperaturas y acumulación de combustible vegetal, un escenario que preocupa especialmente en comunidades con gran superficie agrícola y forestal como Castilla-La Mancha.
Restricciones a las quemas agrícolas
Uno de los principales cambios afecta a la quema de restos vegetales en el entorno agrario y forestal. La norma recuerda que, con carácter general, quedan prohibidas las quemas de residuos vegetales, salvo excepciones justificadas por motivos fitosanitarios o preventivos frente a incendios.
En el caso de terrenos forestales, cualquier quema deberá contar con autorización administrativa previa y quedará automáticamente suspendida durante épocas de peligro alto o extremo, así como en jornadas con Índice de Propagación Potencial (IPP) muy alto o extremo.
La Administración regional establece además un sistema más detallado de control del riesgo mediante el IPP, un indicador que clasifica diariamente el nivel de peligro de incendio en cinco categorías: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.
Limitaciones para cosechadoras y maquinaria
La nueva regulación tendrá especial incidencia en las campañas de cereal y recolección de cultivos herbáceos. Cuando el IPP alcance niveles muy altos o extremos, se restringirá el uso de maquinaria capaz de generar chispas, descargas eléctricas o deflagraciones en terrenos forestales y en una franja de 400 metros alrededor de estos espacios.
No obstante, la orden introduce determinadas excepciones para garantizar la continuidad de la actividad agraria. Así, se permitirá la cosecha de leguminosas, oleaginosas, aromáticas y forrajeras en verde incluso en situaciones de riesgo elevado.
En el caso del cereal, la cosecha y empacado podrán continuar bajo determinadas condiciones y previa declaración responsable cuando las parcelas situadas en zonas de influencia forestal superen las cinco hectáreas.
La normativa también autoriza determinadas labores agrícolas preventivas, como el laboreo para crear fajas de protección frente a incendios.
Calendario de riesgo y vigilancia reforzada
La Junta establece cuatro épocas de peligro a lo largo del año. El periodo de peligro extremo abarcará del 1 de julio al 31 de agosto, mientras que junio y septiembre serán considerados meses de peligro alto.
ASAJA Castilla-La Mancha
Tras conocer el texto, desde ASAJA Castilla-La Mancha han acusado a la Viceconsejería de Medio Ambiente de volver a perjudicar al sector del cereal en la región.
Según han advertido desde la organización agraria, se trata de “una nueva agresión” al sector al imponer restricciones y limitaciones a la actividad de la cosecha, lo que incrementa los costes por hectárea, dificulta el trabajo en el campo y reduce la rentabilidad de los agricultores.
En este sentido, el presidente regional de ASAJA, José María Fresneda, ha subrayado que “los incendios son un problema social muy importante, pero el sector agrario está muy lejos de ser el responsable”.
Asimismo, ha defendido que “los agricultores son colaboradores, no enemigos”, recordando que ““hay que dejar de criminalizar a los agricultores por sus accidentes y poner el foco en las causas que provocan la gran mayoría de los incendios forestales”.
También ha criticado a quienes, en un momento de especial complejidad geopolítica y de gran relevancia para la soberanía alimentaria, están enfrentando al sistema productivo con planteamientos que considera radicales. “Así no se trata a un sector esencial”, ha señalado.
Por su parte, el vicepresidente de la organización agraria, Juan José Laso, ha calificado la normativa como “desproporcionada e injusta para el sector agrario” y ha exigido la modificación de la norma en tres aspectos clave: la exclusión de las cosechadoras del ámbito de aplicación de la orden; la ampliación de la superficie forestal de referencia de 5 a 100 hectáreas con vegetación continua —como ocurre en otras comunidades autónomas como Aragón— y la supresión de la figura de la declaración responsable.
