¿Son éstos, tiempos convulsos para la agricultura? ¿Son mayores las dificultades para los agricultores y ganaderos que en otras ocasiones? Parece que esta vez es diferente
Sirva este inicio controvertido para comenzar este artículo sobre un tema de enorme actualidad, no solo ya en el ámbito de la política agraria y los medios de comunicación especializados, sino de la política general y los medios de ámbito nacional. En realidad, éste es, desde mi punto de vista, el aspecto más positivo de las movilizaciones de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs). Por primera vez en mucho tiempo, la situación del campo y la importancia de agricultores y ganaderos son la noticia más relevante en nuestro país y la mayor preocupación política. Si a ello le unimos el impulso que en esta legislatura se va a dar, por primera vez a nivel estatal, al reto demográfico y la lucha contra la despoblación en el medio rural, en los que el papel de agricultores y ganaderos es crucial, podemos decir, que el sector agrario está, de alguna forma, en un momento dulce, en lo que a relevancia social se refiere.
Desde hace mucho tiempo he venido alertando en ente blog de la necesidad de seducir a la población urbana, a los consumidores en sentido amplio, del papel imprescindible que juegan nuestros agricultores y ganaderos en la alimentación; pero también en la salud, la conservación del medio ambiente y en el desarrollo del territorio rural en nuestro país. Me alegro de que estas movilizaciones del campo hayan removido un poco nuestras conciencias, aletargadas en un mundo global urbano, alejado del rural y que desconoce, de forma muy generalizada, el origen y la calidad de los productos que consume, buscando el ahorro, paradójicamente, en la cuestión más importante para la vida, la alimentación.
Hay que aprovechar, pues, la coyuntura disruptiva en la que nos encontramos. Y seducir, mostrando todo lo bueno que hace nuestro sector agrario y los valores positivos del medio rural. Y hay que seguir el impulso para llegar, verdaderamente, a influir en la decisión de compra de los consumidores. Contarles el relato verdadero que nunca hemos sido capaces de trasladar, enredados en la maraña de eslabones, prescindibles muchos de ellos, que se sitúan entre los agricultores y los consumidores. Dar a conocer los productos de cercanía, dotarles de valor, promocionar la dieta mediterránea que los ampara y la calidad de nuestras Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, que presentan nuestros mejores productos y elaboraciones, recogidos en la cultura de nuestro medio rural desde hace siglos. En definitiva, hacerles ver la diferencia.
Es cierto que la distribución ha utilizado -y utiliza todavía hoy en algunos casos-, los productos agroalimentarios, principalmente, leche y aceite de oliva, como reclamo en sus establecimientos, reduciendo márgenes y poniendo en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Pero, también es cierto, que en otros productos, los precios al consumidor son altos y para los agricultores, muy bajos, con diferenciales que pueden llegar hasta al 400% en frutas y hortalizas frescas.
También hay que tener en cuenta que una parte muy importante de nuestra producción sale de nuestras fronteras y, por lo tanto, compite en un mercado global enormemente competitivo. Y ese mercado, influido por circunstancias de todo tipo, como puede ser incluso el efecto del famoso coronavirus, puede ayudar a que se cierren fronteras, o se disparen los precios, como está sucediendo con el ajo estas últimas semanas.
Todo lo expuesto nos lleva a concluir, indefectiblemente, que la cuestión de los precios justos y, por lo tanto, de la rentabilidad de las explotaciones, es muy compleja y de difícil solución, pero voy a arriesgarme a plantear cinco cuestiones, que espero contribuyan a la búsqueda de soluciones que el sector y las Administraciones tenemos la obligación de encontrar.
En primer lugar, hay que reconocer al Gobierno central la rapidez en modificar, mejorándola, una norma, la Ley de la Cadena Agroalimentaria que, siendo interesante en su planteamiento, era muy insuficiente para alcanzar el objetivo prioritario de mejorar el equilibrio entre eslabones en dicha cadena, protegiendo al más débil, el de los agricultores y ganaderos. La obligación de incluir el coste de producción en los contratos de compraventa es un paso importante. Toca ahora, implementarlo bien, dejar muy clara la fórmula de cálculo e incidir en los controles sobre los contratos de compraventa.
En segundo lugar, es necesario involucrar a los consumidores en la cadena agroalimentaria, dándoles la información adecuada en el etiquetado para mejorar las decisiones de compra, aumentando las campañas de promoción y la diferenciación de las figuras de calidad, la agricultura de cercanía y la dieta mediterránea.
También, hay que aprovechar la reforma de la PAC para incluir verdaderas medidas útiles de regulación de mercados, cuestión que queda muchas veces diluida en el permanente debate de las ayudas. El impulso a las Organizaciones de Productores y a las Organizaciones Interprofesionales, ayudando a su creación y actividad, blindando sus decisiones y ampliando sus objetivos para que sean la columna vertebral de las diferentes cadenas agroalimentarias sectoriales, y las exenciones a la normativa de la competencia para poder concentrar la oferta en el sector agrario, deben ser cuestiones nucleares de la nueva PAC.
En cuarto lugar, hay que aumentar el tamaño de nuestras cooperativas, para que ejerzan de verdad el papel de defensa de los precios de los productos de los agricultores y ganaderos en la cadena agroalimentaria. En Castilla-La Mancha este ha sido uno de los retos de los últimos años, habiéndose creado la figura de las Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR), con una facturación mínima, y de las Agrupaciones de Productores, que surgen de la unión de varias empresas para comercializar en común; discriminando estos proyectos en todas las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. Así, hoy, la región cuenta con 5 EAPIR y 10 Agrupaciones de Productores, que al ser más grandes y concentrar la oferta, son mas competitivas en el mercado global. Pero, es necesario ir más allá en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país. Tenemos muchas cooperativas, pero pocas lo suficientemente grandes como para condicionar mercados y, por consiguiente, los precios.
Y finalmente, garantizar recursos públicos suficientes para la agricultura que, cuando el mercado no lo pague, puedan compensar a los agricultores profesionales, diferenciando y priorizando, a los que viven de la agricultura y generan empleo en el medio rural, respecto a aquellos para los cuales la mayor parte de su renta proviene de actividades distintas a la agricultura. La reforma de la PAC es una excelente oportunidad para trasladar un mensaje claro de apoyo a la agricultura y ganadería de verdad, la que representan las explotaciones familiares, poniendo en marcha el techo por explotación, fomentando el empleo de calidad en el sector, aplicando el pago redistributivo, eliminando los derechos históricos y aplicando la convergencia de las ayudas, y apoyando de verdad a la agricultura y ganadería de bajo rendimiento.
Lógicamente, ninguna de estas cuestiones por si sola resolverá el problema. Pero juntas pueden suponer un buen planteamiento para resolver la fragilidad de agricultores y ganaderos en la cadena agroalimentaria a medio plazo. Y creo que la situación aconseja ponerlas en práctica cuanto antes.
De mi experiencia, hablando con los propios agricultores y ganaderos en el medio rural, comprendo que además de la preocupación por los precios de sus productos, es imprescindible una rebaja general de sus cotizaciones fiscales, sobre todo, en el caso de las mujeres que deciden emprender en los pueblos, una bonificación en las tarifas eléctricas para riego y que se adecúen a los períodos de consumo; además de aumentar las coberturas de los Seguros Agrarios, para fomentar su contratación, todavía muy exigua, a pesar de las consecuencias del cambio climático.
Pero lo más importante y, lo que más puede beneficiar a los agricultores en España, es que la sociedad los valore.
Viene muy a cuento un artículo publicado en este mismo blog hace ya tres años.
Hoy, sigue pendiente el reconocimiento social del papel que juegan los agricultores y ganaderos que son los responsables, entre otras cosas, de la vertebración territorial de nuestro país y de la mayor seguridad alimentaria del mundo.
Se merecen todo nuestro reconocimiento.
Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha
