Profesionales de diferentes sectores apuntan que la actual crisis provocará un desplazamiento geográfico de la población desde las ciudades al medio rural, donde se encontrará con numerosas trabas y limitaciones para el desarrollo de actividades económicas como consecuencia de la normativa medioambiental vigente.
La letrada Pilar Martínez insiste en la necesidad de dar prioridad y apoyar en estos momentos las actividades agrícolas y ganaderas, dos sectores clave en el tejido socioeconómico de Castilla-La Mancha, y que se han mostrado esenciales durante la crisis del COVID 19, máxime cuando los expertos alertan de que esta crisis podría revertir el tradicional éxodo del campo a la ciudad, con una vuelta al entorno rural de numerosas personas. Una buena red de telecomunicaciones es clave para generalizar el teletrabajo desde estos lugares.
La abogada especializada en medio ambiente recuerda que existen medios tecnológicos avanzados, aplicables a las actividades agrícola y ganadera, que mejoran su rentabilidad y eficiencia. Muchos de estos servicios digitales se han manifestado en estos tiempos de pandemia como básicos para el mantenimiento de una mínima actividad económica a través del teletrabajo. “Pero son incompatibles o se hacen inviables con unos niveles mínimos de calidad cuando nos encontramos con las limitaciones y exigencias que, para su instalación y autorización, imponen las normas de protección medioambiental. Esta es una realidad que también se ha vivido en el mundo rural en estos días”, sostiene la abogada.
Un 23% del territorio de la comunidad castellano-manchega está en la red de áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea, lo que supone en torno a 1,8 millones de hectáreas de terreno. Si bien es cierto que los espacios protegidos en Castilla La Mancha han sido dotados mayoritariamente de instrumentos de gestión, también lo es que la mayoría de estos planes carecen de una memoria económica.
Las memorias deben contemplar partidas presupuestarias para su correcta financiación; en concreto, para hacer frente a las indemnizaciones y compensaciones por las limitaciones y restricciones que se imponen a los bienes y derechos consolidados de los particulares. “Se hace recaer de manera individualizada sobre los patrimonios privados el coste de atender al interés público de la protección medioambiental, lo que hace insostenible prácticamente cualquier actividad económica, sobre todo, cuando se suma la carencia o la pobreza de medios tecnológicos”, asevera Pilar Martínez Abogados.
La agricultura y la ganadería, actividades principales del entorno rural, se han mostrado esenciales para el sostenimiento de la población durante este período de Estado de Alarma, del mismo modo que los lugares abiertos y poco poblados, donde generalmente se desarrolla el turismo rural, han resultado los más saludables en un país donde el sector turístico representa más del 15% del PIB. La letrada pone como ejemplo el Parque Natural de Lagunas de Ruidera, con un plan de gestión que data de 1995 y un PRUG, pendiente de aprobación, que contiene numerosas limitaciones para la práctica de actividades acuáticas.
“Una desventaja más para todas las personas que residen y desempeñan su actividad laboral en este lugar. No se tiene en cuenta que el turismo constituye una fuente importante de ingresos para las empresas y los ayuntamientos enclavados en el espacio”, sostiene la abogada, quien alude a razones de utilidad pública e interés social racionalizar las excesivas normas de protección medioambiental, optando por un análisis serio, riguroso y preciso, tanto de la necesidad como su eficacia.
“La excesiva e injustificada protección ha llevado a los habitantes de la zona rural a su abandono en busca de un futuro mejor lejos del campo al no resultar rentables sus pequeños negocios y sus tierras”, presentándose ahora, afirma Pilar Martínez, una nueva realidad: “La vuelta a los orígenes, a ese entorno rural despoblado, a la España vacía pero, para su consolidación, es imprescindible sentar las bases para que resulte compatible la protección con el desarrollo socioeconómico; atraer a jóvenes y mayores a emprender nuevos modelos de negocio.
Pilar Martínez finaliza aseverando que es imprescindible la universalización y extensión a todo el territorio español de unas buenas redes digitales y de comunicación, que permitan la implantación de nuevas tecnologías en este entorno, flexibilizando la normativa medioambiental considerando que estamos ante un interés digno de superior protección, al revelarse en este tiempo de pandemia como algo esencial, la posibilidad del teletrabajo. Las crisis son momentos de oportunidades, de darle la vuelta a situaciones injustas, de revisar modelos, y de que se imponga la racionalidad. Más que nunca es imprescindible compatibilizar la preservación del medio ambiente con el despegue social y económico del medio rural. Solo así podremos tener sectores productivos fuertes, que sirvan de polo de atracción para fijar población. Es el gran reto en las difíciles circunstancias que vivimos”.
