Desarticulan una red criminal dedicada a estafar con subvenciones de la PAC

La Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado en Granada una organización criminal en una operación con cuatro personas investigadas por delitos de fraude a la Hacienda Pública, usurpación de identidad y falsedad documental y que usaron datos de fallecidos y dedicada a estafar con subvenciones de la Política Agraria Común.

La ‘operación Frans ha permitido investigar a dos hombres y dos mujeres de un mismo clan familiar, de entre 41 y 61 años y sin antecedentes. Este grupo organizado ha sido el responsable de estafar más de 200.000 euros en subvenciones de la PAC.

La Guardia Civil ha averiguado que los investigados no eran propietarios de las tierras con derechos para las que han pedido subvenciones de la PAC en los últimos cinco años, aunque simularon ser arrendatarios con contratos falsificados que les ha permitido conseguir un beneficio económico.

Las pesquisas comenzaron después de que los responsables de la empresa que gestiona la planta termosolar ubicada en la comarca de Guadix llamaran a la patrulla del Seprona quejándose de que en las fincas colindantes, propiedad de la empresa, estaban labrando y generando polvo pese a que habían comprado esas fincas para evitar el polvo que resta efectividad a las placas.

Los agentes del Seprona identificaron a los labradores, que justificaron su presencia en dichas fincas con unos contratos de arrendamiento que teóricamente había firmado un responsable de la empresa, que eran falsos y estaban ligados a subvenciones de la PAC.

La Guardia Civil también descubrió que detrás de las falsificaciones había un grupo criminal cuyo cabecilla tenía acceso a datos agrícolas de fincas y propietarios de la comarca, y así sabía qué dueños habían fallecido y si sus herederos estaban cultivando la finca o habían pedido subvenciones.

Se encargaba después de falsificar nuevos contratos de arrendamiento para pedir las subvenciones para esas fincas.

La Guardia Civil ha descubierto que los investigados han falsificado contratos de arrendamiento con dos empresas y han utilizado al menos tres personas fallecidas de la comarca.

La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas relacionadas con esta organización criminal sean puestas a disposición judicial por el cobro indebido de subvenciones.

 

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