El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mantenido este jueves una reunión por videoconferencia con el sector del vino, a la cual han asistido representantes de UPA, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha; así como de la Federación regional de vinos, alcoholes y mostos de Castilla-La Mancha (FEVIN); la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (ADEVIN); también de la Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha y la Asociación Empresarial de Zumos de Uva y Mostos de España (AZUME) y la Asociación Española del Vinagre (AEVIN).
Durante el encuentro, Martínez Arroyo ha presentado el borrador de la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, una normativa que, ha asegurado, “va a permitir regular las actividades de toda la cadena vitivinícola”.
Se va a trabajar, ha dicho, mano a mano con el sector para concretar algunos aspectos de la futura normativa que plantea, en primer lugar, una apuesta por la autorregulación.
Para ello, se propone la creación de una Interprofesional regional del Vino de Castilla-La Mancha, que pueda tomar decisiones en relación a cada campaña para decidir cuánto vino, cuánto mosto o alcohol de uso de boca hacer en cada momento en la comunidad, por ejemplo.
En segundo término, esta normativa amparará las decisiones de la reducción del rendimiento, de la regulación de grado mínimo de entrada de uva en bodega o de orientación de productos según grado de la uva, entre otros, aportando más calidad y más transparencia.
Se creará, además, ha explicado el consejero, un Comité Regional Vitivinícola a demanda del sector en el que, por petición del mismo, participará la Administración. Será un foro permanente y estable de interlocución.
También se reconoce el papel de la Tierra de Viñedos y se apuesta por la protección del eslabón más débil de la cadena: los viticultores.
En este sentido, ha indicado que el objetivo tras esta normativa es “la defensa de los viticultores y los trabajadores agrícolas que nos ayudan en las tareas del campo. Es el deber de un Gobierno como el nuestro, que lo que quiere es dar sostenibilidad a toda la cadena vitivinícola, pero se preocupa especialmente de los que más necesidad tienen de que existan normativas que amparen sus intereses”, ha suscrito.
Martínez Arroyo ha citado, además, el cambio normativo de los vinos de Reserva y Gran Reserva, que van a tener que pasar un tiempo mínimo en botella antes de su comercialización. De esta manera, sería un periodo de seis meses para los caldos reserva y doce para los gran reserva.
