La vuelta del verano es siempre un momento propicio para repasar la situación y analizar los temas importantes que marcarán la agenda en los próximos meses. Es el momento de hacer la mochila, preparar el material y fijar los retos para el curso que estamos a punto de iniciar.
En el plano de la política agraria lo más relevante, la cuestión a la que hay que que dar una solución, sí o sí, es a la reforma de la PAC. La negociación de esta reforma es la que más tiempo ha llevado, en Bruselas, desde que se creó la política, entre otros motivos, debido a la situación de crisis sanitaria, que tanto ha afectado al normal funcionamiento de las instituciones, y que ha obligado a extender el periodo de aplicación de la PAC actual hasta 2023. Finalmente, se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, justo antes de que sonara la bocina de la Presidencia portuguesa de la Unión Europea, el pasado mes de junio.
Ahora es el momento, y se nos va acabando el tiempo, de acordar la aplicación de la PAC en España. Es necesario, y urgente, un acuerdo lo más amplio posible entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas (CCAA), en el seno de la Conferencia Sectorial de octubre, que es el órgano que tiene que validar, por mayoría, un asunto como este, de vital importancia para el sector agrario de nuestro país.
Antes del verano, en una compleja sesión de la Conferencia Sectorial, se acordó iniciar la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC en España para el periodo 2023-2027, a partir de una lineas básicas, propuestas por el Ministerio a las CCAA. El documento es un buen punto de partida pero quedan muchas cuestiones por cerrar, de las que, en gran medida, dependerá el futuro de nuestro sector para los próximos años.
En esta ocasión, España tiene que tomar decisiones valientes, de verdad, que interpreten bien la filosofía de la reforma -convergencia de las ayudas, eliminación de referencias históricas para su cálculo, trato igual a los agricultores y ganaderos, sin discriminaciones, e impulso a una agricultura sostenible en el marco del nuevo Pacto Verde Europeo (“Green Deal”) y la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad- y que nos igualen a nuestros socios europeos que, en la reforma anterior, ya dieron la mayor parte de los pasos para un cambio de modelo que, España, con Arias Cañete de ministro de Agricultura, en un Gobierno conservador, no se atrevió a dar.
Ahora sí tenemos que hacerlo. No queda más tiempo. Desde Castilla-La Mancha entendemos que los primeros avances van por el buen camino, pero consideramos que puede haber cambios todavía a mejor, reduciendo las regiones agronómicas para el cálculo de las ayudas (el Ministerio ha propuesto hasta un máximo de 20), anticipando la convergencia del 100 % (la propuesta es que se alcance esa convergencia de las ayudas en 2029, en el siguiente periodo de programación, lo que suscita enormes dudas sobre su aplicabilidad) y eliminando las referencias históricas que se mantienen en España desde el inicio del siglo, generando tratos diferenciados para los agricultores y ganaderos españoles, cuando toda Europa ya los ha abandonado. Entendemos que hay una mayoría de regiones que defienden estos planteamientos y que hay margen, todavía, para la negociación.
Es necesario también iniciar el debate político, tras un intenso trabajo técnico, sobre los ecoesquemas, que se van a convertir en una parte importante de las ayudas, y de los pagos acoplados, fundamentales para la ganadería extensiva.
En definitiva, el acuerdo global sobre la PAC debe ser bueno para los agricultores y ganadores españoles y preservar y proteger el modelo de explotaciones familiares, eje económico de comarcas tan representativas de nuestro país, por citar algunas, como la de La Mancha, la Campiña del Guadalquivir o la Comarca del Bierzo. Ejemplos de medio rural poblado y activo, cuyo presente y futuro sostenible dependen, en gran medida, de muchos emprendedores, pequeños y medianos, y de una agricultura rentable apoyada en una PAC fuerte y ambiciosa.
Otro de los retos para los meses por venir es la finalización de la planificación hidrológica en todas las cuencas hidrográficas, que debe cerrarse para principios de 2022. Y en este terreno hay muchos intereses territoriales, de manera muy relevante, en Castilla-La Mancha. La necesidad de incluir en los planes hidrológicos, los caudales ecológicos que, en el Tajo, van a ser, por fin realidad, es una de las cuestiones más relevantes. En este río, la prioridad de la cuenca cedente, la puesta en marcha de la nueva normativa que disminuye la cantidad a trasvasar cuando Entrepeñas y Buendía se encuentren en nivel 2 o las importantes inversiones que irán viendo la luz en los próximos meses en los municipios ribereños, marcarán la agenda de avances en la gestión del río más largo de la península.
La puesta en funcionamiento de la denominada Tubería a la Llanura Manchega, prevista para 2022; las inversiones en regadíos para mejorar la eficiencia en el uso del agua, hasta más de 120 millones de euros de inversión ya comprometidos en Castilla-La Mancha y la compatibilidad de la agricultura con la preservación de los humedales manchegos en el Alto Guadiana, son para el Gobierno regional, prioridades en las que es necesario avanzar con el Gobierno de España, siguiendo la senda ya trazada y que ha empezado a dar resultados positivos para la región en los últimos meses.
El agua, su defensa y la defensa de los intereses de la España interior, ha de constituir un reto para este curso político que, en Castilla-La Mancha pasa por la consolidación de la Mesa Regional del Agua, que con más de 50 entidades representativas de la sociedad civil regional, desde organizaciones agrarias a ecologistas, pasando por sindicatos y asociaciones empresariales, defiende un acuerdo regional, un verdadero Plan Agua, impulsado por el Gobierno regional, que constituye un caso único de unión en defensa del desarrollo socioeconómico y ambiental de una comunidad autónoma en nuestro país.
Quizá el tercer reto para este curso político sea el demográfico. Tras años de filosofía, parece el momento de pasar a la acción. En el marco de la PAC, los Programas de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos para el periodo 2023-2027 volverán a ser una herramienta imprescindible en la lucha contra la despoblación. En este curso deben definirse las actuaciones y asignar los fondos en función de las prioridades en cada comunidad autónoma. En el caso de Castilla-La Mancha, incidiremos en la incorporación de jóvenes al sector agrario, las inversiones en las explotaciones profesionales y la innovación, la calidad y la comercialización, en el sector agroalimentario.
Mención especial merece la diversificación de la actividad económica en el medio rural, imprescindible para el futuro de nuestros pueblos, y el papel necesario de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), que deben renovar sus ambiciones y liderazgos en el territorio, abriendo la toma de decisiones al conjunto de la sociedad civil. Para ello, en Castilla-La Mancha, el enfoque LEADER contara con un mínimo del 10 % de los fondos FEADER en el nuevo marco para el Programa de Desarrollo Rural.
Y, además, este año, en Castilla-La Mancha, entrará en aplicación la recién aprobada Ley contra la Despoblación, experiencia pionera en España en la discriminación fiscal positiva para los habitantes y emprendedores de nuestro medio rural. A esta Ley, se sumará la Ley de Agricultura Familiar de Castilla-La Mancha, ya en elaboración, junto con la Ley de la Viña y el Vino y la Ley de Calidad Diferenciada, que van a suponer un cambio normativo sustancial del sector agroalimentario regional para la próxima década.
Así pues, muchas cuestiones importantes por delante, para un curso especial en el que además empezarán a utilizarse los Fondos para la Reconstrucción y la Resiliencia, imprescindibles en estos momentos para reactivar la economía, también en el sector agroalimentario y en el medio rural.
Francisco Martínez Arroyo. Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Blog rural siglo 21
